El sector denuncia que los $121.000 que asigna la ley están, pero no se están empleando para este fin. Exigen saber qué pasa con los fondos.
El Gobierno nacional continúa sin cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, ahora ofreciendo aumentos absurdos muy por debajo de lo necesario para resolver la crisis del sector.
Ayer martes por la tarde, el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad tuvo una reunión en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
En la reunión, se encontraban funcionarios de la ANDIS, Ministerio de Salud, Pami, SSSalud, Incluir Salud; el Prof. Daniel Lipani, representante de los prestadores de servicios elegidos por el Comité Asesor de la ANDIS y el representante del Cofedis (sin voto).
Los allí reunidos votaron a favor una propuesta de aumentos del Gobierno para con el sector de discapacidad. Lipani, el representante de los prestadores, se opuso por considerarla insuficiente respecto de las demandas por las que el colectivo luchó y que se incluyen en la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Poder Ejecutivo pero suspendida.
¿Cuál es la propuesta del Gobierno?
Se votó a favor de los siguientes aumentos: por un lado, Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (un total acumulativo del 35,43%). Para transporte, rehabilitación (Módulos, Hospital de día e internación), Hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo; y por el otro, Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%) para las demás prestaciones no nombradas anteriormente.
Según el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el representante de los prestadores votó en contra de la propuesta y pidió incorporar las siguientes mociones a la votación, aunque no se lo aceptaron:
«En cumplimiento del art 2 inc B de la ley 27.793, girar al Arca el listado de CUIT de las Instituciones inscriptas en el registro de Prestadores del Sistema único de prestaciones Básicas en favor de las Personas con Discapacidad.
En cumplimiento del artículo 14 de la ley 27.793, que incorpora a la ley 24.901 el art 7 bis, otorgar, a partir de octubre 2025 un incremento del 70%, sobre el valor vigente para todas las prestaciones del Sistema único de prestaciones Básicas en favor de las Personas con Discapacidad.
En cumplimiento con el art 13 de la ley 27.793, solicitar la reasignación de las partidas necesarias para dar cumplimiento al mismo, pudiendo utilizar el excedente de la DA 24/2025, para cubrir la totalidad de compensación de emergencia correspondiente al Programa Incluir Salud.
Poner en práctica, a partir del mes de noviembre 2025 el aumento automático de todas las prestaciones del Sistema único de Prestaciones Básicas en Favor de las Personas con Discapacidad de acuerdo al mecanismo establecido en el decreto 274/24, tal como lo establece el art 14 de la ley 27.793″.
Todas las mociones son en cumplimiento con la ley 27.793, pero fueron rechazadas por el resto de los organismos reunidos.
El aumento no cumple con la ley y está por debajo de la inflación acumulada
Frente a los anuncios del Gobierno nacional respecto a estos aumentos, las organizaciones del sector de discapacidad llaman a la sociedad a sostener el reclamo justo: que se cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada y luego doblemente ratificada en el Congreso.
Desde el Foro consideran que «el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad».
Además, advierten que «estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026» y que «el Gobierno nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad».
La Fatradis, Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis), subrayó que la propuesta del Gobierno no contempla compensaciones retroactivas ni nuevas pensiones ni aumento para talleres protegidos.
«La plata está. La ley asigna $121.000 millones para garantizar prestaciones, pensiones, servicios y derechos. ¿Dónde están los fondos? ¿Otra vez problemas con la caja en la ANDIS?«, denunció el sector de discapacidad, en referencia al escándalo por coimas en sobreprecios a medicamentos para discapacitados, operación que involucra directamente a Karina Milei y Martín Menem pero por la que aún no tuvieron que declarar ante la Justicia.
Las personas con discapacidad siguen exigiendo la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la distribución transparente de los fondos, la actualización real de aranceles y la compensación retroactiva a prestadores.
