El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero anunció que no la aplicará. La lucha docente continúa.
Este martes 21 de octubre la comunidad universitaria nuevamente estará de paro con cese total de actividades, debido a que el Gobierno Nacional avanzó con la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero decidió suspender su aplicación.
La decisión fue tomada por el plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC, que informó la medida, tomada junto al gremio no docente.
Este martes 21 de octubre la jornada será de paro con inasistencia a los puestos de trabajo y cese total de actividades.
Además del paro del martes, la jornada federal de lucha incluye acciones de visibilización para el miércoles 22 de octubre, con pegatina de afiches y campaña en redes sociales.
Las jornadas de paro y lucha, replicadas a nivel federal, continúan frente a la total indiferencia de la gestión de Milei respecto a la crisis del sistema universitario.
Si bien esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno dejó en claro que la normativa está suspendida y no avanzará con su aplicación hasta no determinar de dónde saldrán los fondos para cubrirla. En los hechos, la crisis sigue igual de irresuelta.
Mismo argumento fue el que aplicó la gestión de Milei con el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno decidió ignorar a las universidades y a la Ley
ADIUC publicó un comunicado en donde explica que el paro se decidió frente a “la demora de Conadu en confirmar la fecha de la medida de fuerza anunciada el viernes pasado, y vencido el plazo legal para la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
El Poder Ejecutivo dio a conocer la promulgación a último minuto, por lo que al momento del texto de ADIUC aún no se había realizado.
El comunicado del gremio también expuso la indiferencia de la gestión de Javier Milei frente a la voluntad popular, con masivas manifestaciones en favor de las universidades públicas, y el Congreso, que ya votó en numerosas ocasiones aprobar el financiamiento universitario.
La estrategia del Gobierno Nacional frente a la crisis educativa fue silenciosamente desconocer la legislación. El escenario se repite con la Ley de Emergencia en Discapacidad: la comunidad afectada se expresa, el Congreso aprueba, pero el Poder Ejecutivo sencillamente elige ignorarlo y pasar a otros temas, envuelto en escándalos por financiamiento narco y en clima preelectoral.
Es por ello que el plan de lucha docente y no docente (que lleva casi dos años), continuará hasta que se efectivice la Ley, en medio de una crisis presupuestaria infundada y cada día más aguda a lo largo y ancho de las universidades públicas nacionales.
