Este martes al mediodía, trabajadores del sector de la discapacidad, personas con discapacidad y familiares se concentrarán en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en el marco de una jornada nacional de paro y movilización. La medida busca visibilizar la grave crisis en el sector.
Este martes 21 de octubre, desde las 12, en Plaza San Martín, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, organizaciones de personas con discapacidad, transportistas y prestadores de servicios realizan una movilización en Córdoba en reclamo de la implementación de la ley de emergencia en discapacidad.
El eje central del reclamo es que, a pesar de la sanción de la ley, aún no hay reglamentación efectiva y por lo tanto no se está poniendo en práctica. Denuncian que se deja de lado el sentido de urgencia de la normativa, impidiendo que se aborden las múltiples problemáticas que atraviesan a la comunidad.
La jornada también es una respuesta a una serie de medidas que los sectores involucrados consideran violentas e injustificadas: recortes en prestaciones básicas, bajos aranceles, demoras en pagos, deficiencias en el acceso a pensiones y la falta de respuesta estatal ante estos reclamos. Hablan de un “genocidio por goteo” que afecta directamente a quienes dependen de un sistema de apoyos y cuidados para sostener su vida cotidiana.
«En un contexto de crisis social y económica sin precedentes, el Gobierno ha elegido debilitar el Estado y vaciar nuestras instituciones, en lugar de garantizar los derechos conquistados». A su vez, agregaron: «Diversos colectivos y referentes en derechos humanos lo denominamos genocidio por goteo. Una forma silenciosa de exclusión que erosiona la dignidad, la autonomía y derecho a existir en condiciones de igualdad«.
Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión advirtieron que el Gobierno nacional no solo no implementó la ley, sino que además miles de pensiones fueron dadas de baja de forma arbitraria, dejando a personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad.
Otro eje del reclamo apunta al uso de fondos destinados al transporte público en políticas de discapacidad. Según los referentes, los fondos fueron transferidos por Nación a las provincias, pero no hay informes claros ni rendición de cuentas. “Nadie sabe dónde están”, remarcaron.
También se señaló que la semana pasada se canceló sin explicación una reunión clave del Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con referentes del sector, lo que culminó con una manifestación frente a la sede del organismo en Buenos Aires.
La movilización de este martes en Córdoba se suma a una serie de acciones a nivel nacional.
Por ejemplo, el Colectivo 3 de Diciembre (que nuclea a transportistas de personas con discapacidad) presentó un recurso de amparo en los Tribunales Federales contra la suspensión de la ley de emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Desde ATI, aseguran que la falta de acción por parte del Estado constituye un grave retroceso institucional y una vulneración de derechos adquiridos. Reafirman que sin un Estado presente y garante, no hay derechos; y sin derechos, no hay democracia. En ese sentido, sostienen: “Exigimos respeto, diálogo y soluciones reales para garantizar los derechos de las personas».
