La norma fue oficializada mediante el Decreto 681/2025 tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso, pero postergó su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos. Mientras, se actualizarán los aranceles de los prestadores a partir del 1° de octubre.
Acorde a lo expresado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno promulgó la Emergencia en Discapacidad pero no la aplicará hasta que el Congreso explicite de donde provendrán los fondos para la normativa.
Recordemos que Milei vetó la norma sancionada en el Poder Legislativo, pero el Congreso rechazó la decisión del presidente.
La Ley N° 27.793 declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus medidas principales se incluyen:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
- Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.
- Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el INDEC.
- Extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
Según el decreto, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35 % del Producto Bruto Interno, sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.
En este sentido es que se había expresado Guillermo Francos, apuntando: “La ley financiera dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea las partidas” porque “eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, dijo Francos durante una entrevista con el diario Clarín.
Para argumentar la no aplicación de la Emergencia en Discapacidad pese a su promulgación, el gobierno nacional publicó el Decreto 681/2025.
Allí, el Ejecutivo fundamenta la suspensión de la ley y su ejecución en la falta de financiamiento específico previsto en la ley y la obligación legal de no ejecutar gastos sin fuentes presupuestarias concretas, según el artículo 5° de la Ley N° 24.629.
Además, se indica que «el presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación».
Mínimo
De las múltiples condiciones que quedan suspendidas, el gobierno accedió a ir cumplimentando una parte de la ley. En este sentido, se actualizarán los aranceles de los prestadores a partir del 1° de octubre.
Si bien no se explicitan porcentajes, en el Boletín Oficial se publicó la Decisión Administrativa 24/2025, que ajusta parcialmente el presupuesto 2025.
