La denuncia es por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público», ya que aún no publicaron la Ley en el Boletín Oficial.
El diputado nacional Esteban Paulón denunció al presidente Javier Milei y al jefe de Ministros Guillermo Francos, entre otras autoridades, por no promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno nacional aún no publica en el Boletín Oficial la Ley 27.793, que garantiza el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad.
La figura de las denuncias es «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». Otros funcionarios denunciados son la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal Murphy y el director del Registro Oficial, Walter Rubén González.
«Ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de Emergencia en discapacidad presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei, Francos y otras autoridades. Con la angustia de las familias no se juega!», afirmó Paulón en su posteo en X (ex Twitter).
Las excusas del Gobierno
El Gobierno nacional juega a la especulación con la vida de las personas con discapacidad: hace pocos días, Francos dijo que si bien iban a promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad, no la aplicarán hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación.
“El Poder Ejecutivo la va a promulgar (en referencia a la Ley de Discapacidad). Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos”, dijo Francos en una entrevista con el medio Clarín.
También insistió con el viejo argumento de las auditorías: «Esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”.
“Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
Francos se esforzó en plantear una falsa dicotomía entre dos grupos vulnerables, pero la cosa se resuelve más fácil: con tan solo una parte del dinero destinado a la SIDE o lo que cuesta un día de mantener el dólar artificialmente planchado, se financia esta Ley y él lo sabe.
La gestión de Milei, decidida a empeorar la vida de las personas con discapacidad
El Gobierno ya auditó cientos de miles de pensiones. Con la cara de piedra, el vocero presidencial Manuel Adorni exhibió la radiografía de un perro, instalando el relato de que muchísimas pensiones habían sido otorgadas irregularmente y sin controles.
La realidad es que el Gobierno busca ante todo ajustar el gasto social, como lo dijo miles de veces, porque ese es su plan económico y las órdenes del FMI.
Para justificar ese ajuste a uno de los sectores más vulnerables de la población, amplificaron una narrativa que instalara a las personas con discapacidad como casta y a las pensiones como dádivas corruptas.
La persona que quiso entregar ese estudio radiográfico de un perro para recibir una pensión, no la recibió, ese hecho fue puntual, no general; el Gobierno dificultó adrede y con suma crueldad la accesibilidad a las auditorías, para hacer el trámite lo más complejo posible y que la gente desista en el camino; pasó la motosierra por miles de pensiones bien otorgadas que deberá devolver; los corruptos eran ellos. Fin.
Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad
Milei, Francos y otros funcionarios buscan obstaculizar la ley de emergencia en discapacidad, ratificada por el Senado nacional tras el veto del presidente, que establece una actualización y cancelación de deudas con los prestadores de la salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad.
Los principales puntos de la ley:
- Se establece que la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
- La presente ley es de orden público y rige en todo el territorio nacional.
- Se establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.
- Se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.
- Las pensiones no contributivas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Los beneficiarios podrán trabajar mientras que no superen los dos salarios mínimos.
- El Poder Ejecutivo Nacional deberá financiar con recursos del Tesoro nacional una compensación de emergencia a los prestadores.
- La Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoria con el objeto de realizar una evaluación justa, transparente, basada en criterios de salud y en un análisis integral de la situación socioeconómica de los beneficiarios.
- El procedimiento de auditoría deberá garantizar notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo, que aseguren la plena participación y el acceso claro a la información.
- Los empleadores que tomen trabajadores con certificados de discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del pago del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones por tres años.
DISCAPACIDAD: NO HAY MÁS TIEMPO
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) September 18, 2025
Ante las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento de la ley de Emergencia en discapacidad presentamos una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra @JMilei @GAFrancosOk y otras autoridades.
Con la… pic.twitter.com/HAOGYFhR7v
