La Justicia ordenó que el Ministro de Economía informe detalles sobre el préstamo de 20.000 millones de dólares, otorgado por el FMI.
Por orden de la Justicia, Luis «Toto» Caputo, Ministro de Economía de la Nación, deberá informar detalles sobre el préstamo de US$ 20.000 millones otorgado por el FMI (Fondo Monetario Internacional).
El Ministro tiene cinco días para entregar el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito otorgado por el Fondo.
El fallo tiene lugar tras el amparo presentado por Francisco Verbic, de CAIP (Coordinadora de Abogados de Interés Público), y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
El Juzgado Federal de Dolores emitió la orden. La querella sostiene que el Ministerio de Economía, a cargo de Caputo, violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y buscó ocultar información sensible sobre este préstamo otorgado por el FMI.
El Ministerio, tras darle trámite al pedido a través de la Ley 27.275 e incluso pedir prórroga para entregar el expediente, finalmente decidió desconocer el acceso a la información pública. Estas dilaciones y entorpecimientos llevaron al fallo de la Justicia.
El Gobierno Nacional vulnera el derecho al acceso a la información pública
Según el CELS, «la decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI».
El Centro de Estudios Legales y Sociales también subrayó la «supremacía» de la Ley de Acceso a la Información Pública y que esta «prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos».
Además, el CELS remarca que «el DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito»; y recordó que «la propia Corte Suprema de Justicia estableció que ‘el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones'».
El Centro recuerda que el acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, y por lo tanto, protegido; y que para conocer esta información generada por el Estado, sobre un asunto que nos compete a todos, «no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas».
A partir de este fallo, el Ministerio de Economía puede o bien acatarlo e informar a la opinión pública cómo se gestó el préstamo del FMI, o bien seguir ocultando la información anteponiendo algún recurso legal.
