Desde que se presentó el Plan de Reparación Federal en noviembre pasado, circula la posibilidad de que la Provincia reciba terrenos de la Reserva de la Defensa La Calera como forma de pago de la deuda previsional. El Foro Ambiental Córdoba presentó una nota dirigida a Llaryora advirtiendo sobre el riesgo de destinarla a emprendimientos inmobiliarios.
La ONG Foro Ambiental Córdoba presentó una nota formal al gobernador Martín Llaryora solicitando que se aclare el destino de la Reserva de la Defensa La Calera.
La cuestión es que comenzaron a circular nuevamente versiones que indican que la Provincia podría recibir terrenos de la Reserva de la Defensa La Calera como forma de pago de la deuda previsional.
Recordemos que, en noviembre de 2024, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento de Programa de Reparación Federal para canjear deuda que Nación tenga con las provincias por tierras, empresas, rutas y otros bienes. Se señaló que Córdoba era una de las provincias interesadas.
En aquel entonces, por la Caja de Jubilaciones, se aseguraba que el gobierno de Milei le debe 700.000 millones de pesos a la provincia de Córdoba. En tanto, estiman en 890.000 millones de pesos la deuda por el no pago de obras que terminó financiando la Provincia. Además, hay otros 600.000 millones por partidas y programas varios no saldados, según estiman en el oficialismo.
Ante la vuelta de las versiones desde el Foro Ambiental preocupaba el destino de la Reserva de la Defensa La Calera y por ello, enviaron una nota formal dirigida al gobernador Martín Llaryora, advirtiendo sobre el riesgo de destinar esas tierras al negocio inmobiliario.
«Diversas publicaciones mencionan que esas tierras estarían en la mira para un eventual desarrollo inmobiliario, lo que encendió fuertes alertas en organizaciones sociales y ambientales de la región y también de la provincia» indican en el comunicado de difusión.
La Reserva de la Defensa La Calera abarca más de 11.000 hectáreas de bosque nativo continuo, reconocidas por Parques Nacionales como un área crítica para la regulación hídrica en una provincia semiárida y con reiteradas crisis de agua.
Desde el Foro expresaron que una cesión con fines inmobiliarios implicaría un riesgo grave para la preservación del ecosistema, la protección de los cursos de agua y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.
La organización recordó que el acceso a la información ambiental es un derecho garantizado por la Constitución y por leyes nacionales y provinciales. Por eso reclamó al Ejecutivo provincial que aclare si negocia esos terrenos con la Nación y con qué propósito.
