Denuncian sobreutilización abusiva de prisión preventiva y juicios abreviados en nuestra Provincia, además de malas condiciones para los presidiarios.
La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expuso en una audiencia el uso excesivo de prisión preventiva y juicios abreviados en la Provincia de Córdoba. A esta denuncia se sumó la del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que disertó sobre el hacinamiento en los centros de detención.
La audiencia de la CIDH fue este viernes, de modo virtual. Fue encabezada por su presidente, José Luis Caballero Ochoa, con la participación de representantes de la sociedad civil, integrantes del Poder Judicial de Córdoba y funcionarios del Estado nacional.
«Prisión preventiva como castigo anticipado»
Jorge Cardoso, de la Asociación Proomine, describió la situación de las cárceles de Córdoba como «alarmante»: «se está usando la prisión preventiva como una forma de castigo anticipado (…) La situación es crítica y afecta a miles de personas, muchas de ellas inocentes, sometidas a un trato inhumano que roza los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático».
En la reunión de la CIDH sobre el uso y abuso de la prisión preventiva y los juicios abreviados en Córdoba también estuvo presente Kevin Nilsen, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Nilsen confirmó que en Córdoba la tasa de encarcelamiento es la «más alta del país» y que los centros de detención «presentan niveles de hacinamiento extremos».
Sobre los juicios abreviados, las organizaciones civiles señalaron que las y los detenidos se ven «condicionados» para aceptar abreviaciones que no en todos los casos los benefician.
El Estado provincial cuenta con 30 días para remitir a la CIDH información relativa a los interrogantes planteados en la audiencia.
Frente a la audiencia de la CIDH, qué respondió el Poder Judicial sobre la prisión preventiva en Córdoba
Los funcionarios del Poder Judicial cordobés reconocieron la problemática del sistema carcelario provincial, aunque se defendieron de algunas acusaciones.
Wilfrido Pérez, el responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), expresó que la aplicación de la oralidad para el dictado de prisiones preventivas por parte de juezas y jueces de control “se encuentra en etapa avanzada de ejecución”.
Esta reforma, prevista por la Ley 10366, había sido postergada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, Pérez aseguró que, apenas superada la pandemia, se avanzó con un “férreo compromiso” en la puesta en marcha de la norma, con el objetivo de compatibilizar los requisitos para el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva con los estándares de los derechos humanos.
En la reunión de la CIDH, Pérez aclaró que el plazo de la prisión preventiva en Córdoba se limita a dos años y que solo excepcionalmente, en casos de delitos complejos, se puede extender por un año más.
«Al 30 de junio del año 2025, que tomamos como fecha de corte, y computando las personas privadas de la libertad que ingresaron al sistema desde el año 2023, tenemos el 66% de personas condenadas y el 34% que se encuentran en calidad de procesados», concluyó el funcionario judicial.
En la reunión de la CIDH también intercedió la fiscal adjunta Bettina Croppi. Croppi señaló que los juicios abreviados se tramitan con un acuerdo previo entre el fiscal y el abogado defensor. Según la fiscal, sería el abogado defensor quien hace las consideraciones necesarias que estime beneficiosas para su cliente.
Croppi dio estas declaraciones en respuesta a la acusación de las organizaciones civiles, que sostienen que muchos imputados aceptan cargos que no realizaron «bajo presión».
