Según un informe de Fundación GEP, el ajuste en salud recortó antirretrovirales y organizaciones de pacientes denuncian que se quedan sin tratamiento.
La salud de miles de pacientes con VIH se encuentra en riesgo por falta de medicación, debido al ajuste en salud pública que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Así lo señala un informe del Observatorio de Acceso a Medicamentos (OAM) de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que realiza un seguimiento periódico de las compras públicas y stock de antirretrovirales y otros medicamentos gestionados por el Ministerio de Salud de la Nación.
GEP expone que el Estado está limitando stock de medicamentos claves en la salud de más de 50 mil pacientes con VIH y negándose a brindar información precisa sobre la situación. En los casos de algunas de estas drogas, no se registraron compras en los últimos meses.
En nuestro país, más de 140 mil personas viven con VIH, y de ellas un 87% conoce su diagnóstico. Cerca de 70 mil personas se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el sistema de salud pública.
Hace cuatro meses atrás, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis ya había alertado las consecuencias del masivo recorte de personal en la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, en el que por decisión del Gobierno Nacional se despidió a un 40% de la planta.
Ese recorte fue defendido por el Ministerio de Salud como una reestructuración que no afectaría «el funcionamiento ni cumplimiento de las responsabilidades de esta cartera» y, en el ya habitual desprestigio sobre organismos y personas para justificar ajuste, el Ministerio habló de volver «más eficientes áreas sobredimensionadas por amiguismos de gobiernos de turnos y Fundaciones que se creen los dueños del Estado».
El informe de GEP visibiliza las consecuencias de ese ajuste, que hoy pone en riesgo la salud de miles de pacientes con VIH debido a que el Estado no compra los medicamentos esenciales. Preocupa especialmente la falta de stock de Tenofovir 300 mg + Lamivudina 300 mg + Dolutegravir 50 mg, del cual depende el tratamiento de más de 48.000 personas con VIH.
Otras 10.500 personas requieren Darunavir 800 mg + Ritonavir 100 mg. De esta droga «no se registran compras ni ampliaciones por los canales formales y habituales de información», lo que ubica a estos pacientes en un riesgo aún mayor.
José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo e integrante del Frente Nacional VIH, se expresó sobre la falta de medicación y de información en diálogo con El Destape: «Muchas de esas compras que nosotros estábamos reclamando que no se estaban haciendo, finalmente no se hicieron. Nos decían que estaban los expedientes en curso, los expedientes se demoraron, después algunos se cayeron, otros nunca se iniciaron. La verdad que la situación es muy preocupante».
Conseguir estas medicaciones en farmacias como particular le cuesta a un paciente más de $100.000 mensuales, monto que deja afuera a miles de personas en un país en donde el salario mínimo se ubica en los $317,800.
Falta de transparencia del Ministerio de Salud
Es importante destacar además que cuando Fundación GEP le solicitó información específica, el Gobierno Nacional se negó a brindarla en repetidas ocasiones, incumpliendo la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La oscuridad con la que se maneja el Ministerio de Salud impide conocer verdaderamente el estado de la cuestión.
«El retraso sistemático y la deficiencia en las respuestas a solicitudes de acceso a datos públicos vulneran un derecho ciudadano esencial, comprometen la transparencia en la gestión pública, afectan la rendición de cuentas y dificultan el acceso a información crucial para la Salud de las personas con VIH», observa el informe de GEP.
Qué pasa con los procesos de compra
Cuando se desmanteló la Dirección de VIH y la de Vacunas, el Ministerio de Salud dijo que era necesario armar nuevos equipos de trabajo para «evitar las compras directas a un único proveedor, evitar tirar vacunas e insumos por millones y millones de dólares».
Sin embargo, desde GEP alertan que luego del ajuste aumentaron las dilaciones y se profundizaron las compras directas y «sin sentido» en más de un 70%.
«El 75% de las compras que se hicieron, se hicieron como compras directas y argumentando exclusividad«, advirtió Di Bello, y agregó: «Argentina hace ya unos tres años que compra a través del mecanismo del fondo estratégico de la OPS, con lo cual se paga muy, muy, muy, muy barato. No se entiende por qué no están cursando esa operación».
A eso se le suma el ajuste presupuestario, dado que este va a ser el tercer año con las mismas partidas en la Dirección por las prórrogas de 2024 y 2025, lo que significa una disminución del poder adquisitivo de este organismo en un 76%.
De no revertirse la situación y sumado a la falta de presupuesto y los despidos, la salud de decenas de miles de personas con VIH en Argentina corre riesgo debido a una falta de medicación deliberadamente impuesta por el ajuste del Gobierno Nacional.
