La jueza Loretta Preska que lleva adelante la causa por las irregularidades en el proceso de reestatización de la empresa petrolífera en 2012, dictó el fallo. La decisión no es de aplicación inmediata y el Gobierno anunció que apelará la medida.

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ordenó este lunes 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos buitres.
Particularmente, el fallo indica que Argentina debe cederle los porcentajes de la empresa al fondo Burford Capital y a Bainbridge.
Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”, como parte de pago de la sentencia por 16.100 millones de dólares que el país ya fue condenado a pagar.
Pese a esto, el fallo no es de aplicación inmediata y el Gobierno anunció que apelará la medida.
Javier Milei se expresó en redes anunciando la apelación con su tono de siempre, indicando que lo que está pasando «es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK» en relación al proceso de reestatización de YPF en 2012.
Como respuesta, el gobernador bonaerense denunció los vínculos entre Milei y Estados Unidos, dijo que defiende los intereses de los Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras, y por último, concluyó con que Milei aspira a privatizar YPF.
LA ENTREGA AVANZA
— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 30, 2025
Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable Juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino —¡soberano!— entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se…
Te pueden interesar: No comenzará el segundo cuatrimestre en la UNC
El juicio
YPF fue intervenida por el Gobierno nacional el 16 de abril de 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kircher. El 7 de mayo de ese mismo año, se aprobó en el Congreso el proyecto de expropiación del 51% de la empresa.
El Estado, en ese entonces, le ofreció a la firma española, Repsol, pagarle 5 mil millones de dólares, que tenía el 57% de las acciones. También estaba la empresa Petersen Energía, del grupo de la familia argentina Eskenazy, que tenían el 25%, y el 18% quedaba en manos de inversores minoritarios.
Repsol aceptó. El problema fueron los demás accionistas. Ocho años después, el Grupo Petersen vendió los compromisos de pago del Estado argentino al buffet de abogados Burford Capital Limited. En abril de 2015, dicha firma se presentó ante la Justicia y planteó una demanda contra el país alegando que Argentina no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.
Burford sostiene que el país debe pagar un resarcimiento de 16 mil millones de dólares. El Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones, monto que se pagó a Repsol en el momento de la reestatización.
La jueza Lorettha Preska le dio la razón a los fondos buitres por YPF. Falló en primera instancia, y condenó a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital.

