El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso propone cambios legales que podrían excluir a las provincias incorporadas en 2021 al régimen de tarifas diferenciales. En Córdoba, el impacto podría traducirse en subas de hasta el 50% en las facturas.
El debate por los subsidios al gas para las denominadas “zonas frías” volvió a instalarse con fuerza tras el ingreso del Presupuesto Nacional 2026 al Congreso.
El texto oficial plantea modificaciones que podrían dejar sin cobertura a amplias regiones del país que hoy acceden a tarifas diferenciales, entre ellas buena parte de la provincia de Córdoba, donde la quita del beneficio implicaría incrementos significativos en el costo del servicio.
Aunque el cambio aparece formulado en términos técnicos dentro del articulado presupuestario, el trasfondo es más profundo. Se trata de una controversia que atraviesa más de veinte años de política energética, distintas leyes, criterios cambiantes de asignación de subsidios y una tensión persistente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto del alcance y financiamiento del régimen.
Para dimensionar el conflicto actual es necesario repasar cómo se creó el sistema de zonas frías, cómo se amplió, de qué manera se financia y qué decisiones recientes lo colocaron nuevamente bajo revisión.
Un régimen nacido en la crisis
El esquema de subsidios para zonas frías se originó en 2002, en el contexto de la crisis económica y social de comienzos de siglo. A través de la Ley 25.565 se creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con el objetivo de compensar el mayor gasto en calefacción de los hogares ubicados en regiones con inviernos más rigurosos. En ese momento, el beneficio alcanzaba a la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.
Desde su creación, el fondo se financió mediante un recargo aplicado a todos los usuarios del país, bajo el criterio de un fondo de afectación específica destinado exclusivamente a sostener los cuadros tarifarios diferenciales.
Durante casi dos décadas, el alcance territorial del régimen se mantuvo sin cambios. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a acumularse estudios técnicos y reclamos políticos que advertían que amplias zonas del centro del país presentaban condiciones climáticas y niveles de consumo comparables a las regiones históricamente subsidiadas, pero sin ningún alivio tarifario.
Ese proceso derivó en 2021 en la sanción de la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner y Alejandro “Topo” Rodríguez, que amplió el régimen a más de 150 departamentos de 12 provincias, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y Mendoza.
La norma estableció descuentos del 30% sobre la tarifa plena para los usuarios residenciales de las zonas incorporadas y del 50% para los sectores considerados vulnerables, como jubilados, beneficiarios de tarifa social, electrodependientes, entidades de bien público y hogares de bajos ingresos. Además, fijó la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031.
En el caso de Córdoba, la ampliación incluyó a 13 departamentos (entre ellos Capital, Río Cuarto, Calamuchita y General San Martín) y sumó alrededor de 600.000 usuarios al beneficio. Desde agosto de 2021 comenzaron a aplicarse los cuadros tarifarios diferenciales, con rebajas tanto en el cargo fijo como en el variable.
El fundamento técnico del esquema se apoya en las diferencias de consumo: mientras en las zonas no frías un hogar promedio consume unos 542 metros cúbicos de gas por año, en las zonas frías el consumo anual asciende a 1.052 metros cúbicos, casi el doble, y cerca de la mitad se destina a calefacción. La política de subsidios busca compensar ese diferencial, no promover un uso mayor del recurso.
Cómo se financió el sistema
El financiamiento del régimen fue uno de los ejes centrales de la discusión pública. Entre 2021 y 2023, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas registró resultados positivos: $16.818 millones de superávit en 2021, $7.697 millones en 2022 y $39.213 millones en 2023, según datos oficiales del Ministerio de Economía.
Durante ese período, el sistema funcionó sin necesidad de transferencias adicionales del Tesoro Nacional, apoyado exclusivamente en los recursos propios del fondo.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, el esquema ingresó en una etapa de revisión. En el proyecto original de la Ley Bases, el Gobierno propuso derogar el fondo fiduciario que sostiene los subsidios al gas. La iniciativa encontró resistencia transversal en el Congreso, incluso entre bloques considerados cercanos al oficialismo, y obligó a abrir una negociación específica.
En mayo de 2024, durante el debate en la Cámara de Diputados, se acordó excluir al Fondo Fiduciario de Gas de las facultades otorgadas al Ejecutivo para eliminar o liquidar fondos fiduciarios públicos. El artículo 5 del texto final dejó expresamente afuera al fondo creado por la Ley 25.565.
De ese modo, el régimen de zonas frías quedó, al menos formalmente, resguardado. No obstante, la redacción generó dudas, ya que la exclusión mencionaba la ley original de 2002 pero no hacía referencia explícita a la ampliación dispuesta en 2021. Legisladores que participaron de la negociación, como Oscar Agost Carreño, afirmaron que el consenso fue preservar el régimen en su totalidad, incluidas las zonas incorporadas posteriormente.
Cambios y segmentación
En paralelo, el Poder Ejecutivo avanzó con una revisión de los subsidios energéticos. En mayo de 2025, la Secretaría de Energía dictó las resoluciones 216 y 219, que modificaron los criterios de acceso al régimen de zonas frías. Entre otros puntos, se dispuso que los usuarios con más de dos medidores a su nombre debían solicitar una revisión de su situación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Según el Enargas, se detectaron cerca de 138.000 CUIT o CUIL con el beneficio asignado a dos o más suministros. Para la autoridad de aplicación, la tenencia de múltiples medidores era un indicio de posesión de más de un inmueble, lo que entraba en tensión con la condición de vulnerabilidad requerida para acceder al descuento mayor.
A partir de esos cambios, los usuarios de zonas frías ampliadas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos pudieron conservar el descuento del 50% en un solo suministro, mientras que en los restantes se aplicó la bonificación general del 30%. Las medidas se inscribieron en el denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, prorrogado hasta el 31 de mayo de 2025, y marcaron un giro hacia una mayor segmentación del régimen, sin eliminarlo.
El punto crítico: Presupuesto 2026
La mayor controversia llegó con el envío del Presupuesto 2026 al Congreso. En los artículos 71 y 72, el proyecto propone derogar varios artículos centrales de la Ley 27.637 y reemplazar el artículo 3 por una nueva redacción que limita la garantía legal de las tarifas diferenciales a las regiones originalmente contempladas en la Ley 25.565.
El nuevo esquema asegura la continuidad del beneficio para la Patagonia, la Puna y Malargüe, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la definición de alcances y modalidades, sin fijar porcentajes de descuento ni reconocer de manera explícita a las zonas incorporadas en 2021.
En la práctica, provincias como Córdoba quedarían sujetas a decisiones administrativas y a la regla de equilibrio fiscal establecida en el propio Presupuesto. Legisladores de la oposición advirtieron que la iniciativa elimina la garantía legal de los descuentos y transforma el régimen en una política discrecional. También señalaron que el proyecto recorta el financiamiento del fondo fiduciario al excluir las exportaciones del recargo del 7,5% sobre el precio del gas, lo que reduciría los recursos disponibles para sostener los subsidios.
Así, lo que se presenta como una modificación presupuestaria vuelve a poner en discusión el alcance de una política pública que, desde hace más de dos décadas, busca equilibrar las desigualdades territoriales en el acceso a la energía.
Con información de La Voz.
