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Vecinos de Candonga siguen resistiendo contra el desmonte

La Justicia extendió la suspensión de las contrucciones en Candonga, las cuales afectan zonas rojas de bosque nativo. Vecinos y vecinas de Candonga continúan resistiendo frente al avance de negocios inmobiliarios en la localidad. Desde hace 10 años están en lucha permanente por un proyecto de obras que afectan directamente a zonas rojas de bosque […]

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La Justicia extendió la suspensión de las contrucciones en Candonga, las cuales afectan zonas rojas de bosque nativo.

Ticupil S.A. es la empresa que obtuvo un permiso del Gobierno de Córdoba en 2010 para construir un country en Candonga, en zonas rojas de bosque nativo.

Vecinos y vecinas de Candonga continúan resistiendo frente al avance de negocios inmobiliarios en la localidad. Desde hace 10 años están en lucha permanente por un proyecto de obras que afectan directamente a zonas rojas de bosque nativo.

Ticupil S.A. es la empresa que obtuvo un permiso del Gobierno de Córdoba en 2010 para construir un country en Candonga, a pesar de ser área de máxima protección por la ley de bosques. En 2013, los vecinos comenzaron acción judiciales para frenar el desmonte y presentaron un amparo ambiental.

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Para mayo del año pasado, la Justicia de Córdoba, que imputó a 3 ex funcionarios del Gobierno provincial por este tema, decidió suspender las obras por seis meses hasta que haya una resolución judicial. Luego, en octubre, hubo una prórroga por otros seis meses.

A pesar de la suspensión, las obras continuaban. Los vecinos y vecinas denunciaron reiteradas veces a la Policía Ambiental, aunque no tenían respuestas.

Ahora, la agrupación Vecinos del Chavascate informó que la Justicia decidió prorrogar por otros 6 meses la Tutela Anticipada, medida que implica la suspensión de las obras. Además, la Cámara Cuarta insta a que se apersone la Policía Ambiental para efectivizar la detención del proyecto.

Paralelamente al reclamo, los Vecinos del Chavascate se contactaron con diversas asambleas y organizaciones de toda la Provincia, para llevar adelante una acción judicial colectiva.

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Teniendo en cuenta que la destrucción del ambiente es una problemática recurrente en toda la provincia de Córdoba, explicaron: "Atendiendo al contexto particular que impone el Receso Judicial Extraordinario, por la crisis sanitaria, nos preocupa la desprotección en la que podrían quedar los distintos territorios, lo que implicaría la posibilidad de que se siga avanzando con actividades que no respetan las leyes y ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano. Los daños podrían ser irreversibles".

Y agreraron: "Ya antes de esta pandemia la situación ambiental de la provincia era más que crítica. Denunciamos desmontes (por urbanizaciones, canteras y obras públicas), fumigaciones, antenas, proyectos energéticos, basurales, contaminación del agua, la tierra y el aire, afectación de cuencas".

Por estas razones, entre 30 asambleas y organizaciones hicieron una presentación conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia en la que solicitaron básicamente dos cosas:

• La prórroga automática de medidas cautelares y tutelas anticipadas
• La continuidad y agilización de todos los procesos judiciales en materia ambiental.

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Por Cristian Dominguez

Cristian Dominguez

Redactor y co-productor de contenidos para el sitio web y las demás plataformas de El Resaltador.
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