En nuestro país, que recientemente estrenó la aclamada película «Belén» sobre esta problemática, más de 20 mujeres siguen presas por abortar.
En Argentina todavía hay mujeres presas por abortar, a pesar de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente desde diciembre de 2020.
Desde 1990, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. La efeméride se originó en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en la Argentina, gracias a activistas de Argentina y Uruguay que militaban por el derecho al aborto legal.
Pasaron casi 5 años desde la aprobación en nuestro país de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación inclusive (sumada a la Interrupción Legal del Embarazo, cuando la vida de la persona gestante corre peligro o su embarazo es producto de una violación).
Gracias a un trabajo interdisciplinario minucioso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (sumado a otras organizaciones e investigadoras) titulado “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”, sabemos que entre 2012 y 2020 se iniciaron al menos 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, bajo las figuras de “homicidio” o “abandono de persona”.
En pleno 2025, y a pesar de la ley de IVE, en Argentina sigue habiendo mujeres presas por abortar.
Las invisibles
Debido a las carátulas de las causas («homicidio» o «intento de homicidio»), el trabajo de recolectar información sobre las mujeres presas por abortar no es sencillo.
En nuestro país no existe un registro oficial de estos casos. El dato se conoce gracias al trabajo de organizaciones y profesionales abocadas a la tarea: desde 2020 hasta hoy, más de 20 mujeres están o estuvieron en procesos judiciales por abortar.
Pate Palero, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, habló con Tiempo Argentino sobre la lucha histórica por la legalización del aborto como una deuda de la democracia para con las mujeres, y el trabajo de décadas necesario para monitorear las injusticias y combatir la desinformación.
Palero señaló que, a pesar de lograr la legislación, los prejuicios contra las mujeres que abortan siguen vigentes en el ámbito judicial. Para la especialista, deben existir más «Belenes» (en referencia al reciente estreno de «Belén», la película sobre el caso real de una joven que estuvo presa por un aborto espontáneo en Tucumán, y cuya libertad fue posible gracias a la lucha feminista).
Presas por abortar: el caso de Patricia
El artículo de Tiempo Argentino, cuya autoría es de Jesica Rivero, recupera algunas historias de mujeres que fueron presas por abortar. Uno de estos casos fue el de Patricia.
En 2014, Patricia fue detenida en su casa de Ezpeleta: una vecina llamó a la policía tras verla arrojar una bolsa de basura en un baldío. Patricia había tenido un aborto espontáneo y dentro de la bolsa estaba el feto. Fue encarcelada por homicidio agravado por el vínculo. Accedió a un juicio abreviado en el que fue condenada a ocho años de prisión.
Sin embargo, solo pudo cumplir cinco años de la pena. En 2019 falleció esposada a una cama de en el Hospital Bocalandro del Partido de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Tenía 40 años.
Patricia estudiaba Trabajo Social y Sociología en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, desde la cárcel.
Marcela Bonifacio, docente de la organización Yo No Fui que conoció a “Pato”, como la llamaban junto a sus compañeras, la recordó en una entrevista con Tiempo: “Siempre tenía muy buen humor y una risa hermosa, aunque siempre tuvo muchos problemas de salud, muchas complicaciones que se iban sumando unas a otras”.
Bonifacio señala la precariedad de la situación de Patricia y la injusticia de su muerte en semejantes condiciones. “Recuerdo por boca de ella que fue un aborto espontáneo lo que atravesó cuando fue detenida. Ella no se enteró de que estaba embarazada el día que abortó. No me parece raro: muchas mujeres se enteran del embarazo cuando está avanzado”. Para Marcela, haya sido un aborto espontáneo o provocado, “Pato no debió estar presa nunca y en tal caso si hubiese estado presa debió estar en arresto domiciliario por todos sus problemas de salud. Tenía dos hijos. El mayor además tenía una discapacidad. No tendría que haber muerto de esa manera”.
Patricia, como cualquier persona, tenía sueños y esperanzas. Estudiaba dos carreras, participaba de los talleres que se daban en su unidad penitenciaria, se esforzaba mucho en desarrollarse profesionalmente en ese entorno y luchaba por sus oportunidades y las de sus compañeras. Murió enferma, esperando desde hace más de un año la prisión domiciliaria, que le correspondía por buena conducta, por salud y por el tiempo de condena cumplida.
Paola Ortiz está presa por parir un bebé muerto
Julia Luna, abogada e integrante de la Guardia de Abogadas Feministas, recordó en Tiempo el caso de Paola Ortiz, presa desde hace 13 años por parir en su casa un bebé que nació muerto.
Luna asegura: “lo gravísimo en este caso, es por un lado la cadena perpetua, y también la deficiencia en todo el proceso de la investigación penal, donde están presentes la culpabilización y la criminalización de ella, sin atender el contexto en el que estaba inmersa ni cuál era su situación social.”
Paola vivía en Villa Nueva, en la provincia de Córdoba. En 2012 tuvo un un parto «en avalancha» (así se nombra a los partos muy veloces, que suelen tener grandes riesgos para gestante y bebé). Paola parió sola en su casa, sin asistencia médica. Su bebé nació muerto, pero un proceso judicial revictimizante y sin perspectiva de género la condenó a perpetua. Hace 13 años que está presa.
“La línea de investigación desarrollada por la fiscalía fue unilateral, la incriminan por homicidio pese a que la autopsia que se le realiza al bebé acredita que nació sin vida. Es decir que si no hay nacimiento con vida no hay delito. Para caratular un homicidio tiene que haber una intención homicida, tiene que haber un dolo, y en este caso no hubo tal intención. Además, no se acreditó la muerte, sino que tampoco se acreditó la intención de causar la muerte” señaló Luna.
Libertad para Paola
La abogada expone los prejuicios con los que se abordó el caso de Paola, condenada sin siquiera ser oída: “Desde el desconocimiento la justicia criminaliza, juzga y no atiende los hechos objetivos cuando se trata de mujeres de barrios humildes y pobres que terminan privadas de la libertad con condenas terriblemente injustas” relata Luna.
Los medios también fueron parte de la revictimización de Paola Ortiz, y ni siquiera su defensa oficial le creyó. Vulnerabilidad extrema, violencia de género por parte de su ex pareja y de su ex suegro, pobreza, desempleo, soledad y ausencia de redes de contención caracterizaron su situación desde un principio.
En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación; sin quejas de la defensa, la condena a cadena perpetua quedó firme.
Luna llegó a Paola de casualidad, a raíz de otro caso; similar a la película «Belén», donde la abogada también se entera por azar de la situación de la víctima.
“Le pedimos al Tribunal Superior que revise esa sentencia, que incorpore la perspectiva de género, que tenga en cuenta todo este contexto de violencia en el que estaba inmersa Paola, todo este contexto de precariedad y pobreza en el que transcurre su embarazo. Hay jurisprudencia en algunas causas donde se aplica una condena menor ante casos de mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género”, relata Luna.
Luego de un arduo trabajo de la Guardia de Abogadas Feministas que documentó la violencia de género y obstétrica sufrida por Paola, en 2024 presentaron el Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acompañado de un informe médico forense en el que se comprueba el desarrollo biológico de parto en avalancha.
Todavía no tuvieron respuesta. Paola Ortiz continúa presa.
Al menos 22 mujeres denunciadas
Rosana Fanjul, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también dialogó con Tiempo Argentino.
Fanjul contó que, desde 2020 hasta hoy, se detectaron al menos 22 mujeres denunciadas: siete esperan un juicio, ocho fueron condenadas y el resto lograron su libertad.
“Los datos los construimos por intermedio de la publicaciones de prensa o redes sociales y algunas fuentes oficiales (…) El trabajo no se reduce al equipo de litigio, sino que también nos acercamos a ver las condiciones en que quedan sus hijos y qué precisan en el plano psicológico o de recursos económicos y laborales para volver a empezar si salen”.
Organizaciones feministas acompañan diariamente con su trabajo estos casos, para ponerle un freno a la injusticia que el sistema patriarcal, aún a contramano de leyes vigentes, continúa perpetuando sobre las mujeres.
