Entre abril y mayo del 2025, el gremio de empleados judiciales de Córdoba (AGEPJ) fue protagonista de una lucha sindical que impulsó nuevas alianzas entre trabajadores y trabajadoras para mejorar los salarios en el marco de un brutal ajuste sobre el empleo público.
Después de meses de conflicto, en junio de este año se aprobó un proyecto de sistema salarial único dentro del Poder Judicial y se ingresó en la equiparación con la Justicia Federal.
El plan de lucha tuvo como objetivo que la provincia de Córdoba disponga los fondos para la reestructuración de la planta judicial y un cronograma de aumentos salariales adicionales a la pauta anual en pos de la equiparación salarial.
Es importante tener en cuenta que, si bien el Tribunal Superior de Justicia es el empleador de los trabajadores, es el Gobierno de la Provincia quien provee los recursos económicos.
Es necesario destacar, además, que producto de luchas anteriores el sistema salarial que tiene la AGEPJ está atado a las paritarias de la Corte Suprema de la Nación con el Gobierno nacional de turno. Es decir, el monto final depende de la negociación entre la Corte y el Poder Ejecutivo.
Hablamos con el referente sindical Santiago Durgam sobre el panorama salarial en los tiempos que corren y sobre el último logro del gremio a nivel laboral.
“Hay una máxima en la Constitución que dice que todos tenemos derecho a igual remuneración por igual tarea. Ese principio quedaba abstracto, en el marco de la Justicia y con nuestro diseño institucional, ya que tenemos por un lado a la Justicia Federal y por otro lado las Justicias provinciales. Y al traducir dicha máxima a nuestro rubro no se explicaba porque los trabajadores de la Justicia federal tienen un salario y los de las provincias otros, más bajos. Ese es el argumento histórico que ha puesto la bandera de la equiparación salarial. En estas tres décadas hubo avances, retrocesos y mejoras, las que hubo en el país básicamente”, contó el entrevistado.
Contexto de crisis salarial
Desde la devaluación de diciembre del 2023 a la fecha, los trabajadores del Estado en general y los judiciales en particular han perdido una gran parte del poder adquisitivo de los salarios.
Durgam recordó que en el último mes del 2023 se registró un 25% de inflación. En esa línea, solamente tuvieron un aumento del 12,5% de parte de Nación, mientras se registró una suba de aportes a la Caja de Jubilaciones y del APROSS.
Eso ha puesto sobre todo a las categorías más bajas, los ingresantes, por debajo de la línea de pobreza en una situación extrema.
“Cuando hacemos referencia al deterioro que significó la devaluación apenas asumió el presidente Javier Milei, que lleva la inflación al 25% y a nosotros nos llega un aumento del 12,5%, se le sumó un ajuste a nivel provincial que nos subió los aportes apenas asume Llaryora, los aportes a la caja a un 4% y al apross 1%. Lo del presidente Milei fue licuación al salario, lo de Provincia fue un recorte con el objetivo de fondear a la caja de jubilaciones”, dijo Durgam.
Para el sindicalista, el recorte preventivo se dió luego de la reunión que tuvieron los gobernadores con el entonces Ministro del Interior, Guillermo Francos, quien les adelantó el ajuste que se aplicaría sobre las jurisdicciones y que a casi dos años de mandato se puede ver que parte del famoso superávit fiscal se sustenta en el ajuste sobre salarios y jubilaciones, suspensión de la obra pública y en el hecho de no mandar fondos a las provincias como es el caso de la deuda que Anses tiene con la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Este contexto, sumado al reclamo histórico de equiparación salarial con la Justicia Federal impulsó una conquista clave para el gremio.
¿Cómo se resolvió el conflicto?
Durgam contó que a finales del 2023 analizando alternativas para recuperar su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que no estaban en la discusión que se da entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentaron un proyecto de reestructuración, ya que en la Provincia tenían 11 categorías, mientras que a nivel federal tenían solamente 6. Pero ese año no solo ni la consideraron sino que la respuesta de la patronal partía de la idea de que los salarios eran buenos.
“El deterioro salarial, condujo a un conflicto a finales del 2024, que termina con una promesa de armar una mesa de negociación para discutir la reestructuración a comienzos del 2025, hecha por el TSJ. Las mesas de negociaciones son importantes, sobre todo porque no tenemos paritarias. Esta instancia comienza en marzo del 2025, y termina consolidando una resolución, que para nosotros es un hito, porque el Poder Judicial de Córdoba toma nuestro proyecto e inclusive lo mejora: eliminan categorías y generan ascensos masivos alcanzando al 85% de la planta”, enfatizó el gremialista.
El entrevistado explicó que ese proyecto logró que la estructura deje ser una gran pirámide y hoy sea más parecida a un rectángulo, es decir, una determinada cantidad de trabajadores similar en cualquier categoría, lo que se traduce en mejores tandas de ascensos.
Agrega además, que la reestructuración era el primer paso en el camino hacia la equiparación. Entendíamos que primero debíamos tener el mismo escalafón para poder comparar y así ver cuál era la diferencia salarial en cada categoría con la Justicia Federal. En ese marco y luego de arrancar la reestructuración, la presión empezó a orientarse para que la Patronal hiciera una ofrecimiento que acercara nuestros salarios a los de los federales. En ese contexto de presión, es que la Secretaría de Trabajo convoca a las partes a negociar y luego de tres semanas de Conciliación, el Tribunal Superior de Justicia realiza un ofrecimiento escalonado en el que los porcentajes van subiendo del 8,8% hasta el 15,25% y que para las categorías más bajas se cumple en un año mientras que para el resto en tres años.
Dicha iniciativa de equiparación salarial se aprobó en la Asamblea General Extraordinaria del 19 de junio, por 567 votos a favor y 45 votos en contra, mientras que existió una moción por solicitar un cuarto intermedio que receptó 87 voluntades.
“Es una conquista histórica pero, en primer lugar, no deja a todos los trabajadores al 90% como dice la ley de funcionarios y magistrados, algunos están por encima y otros por debajo, es una conquista incompleta, y se da en el marco de un deterioro general del salario tan grande que hace que sigamos teniendo sueldos bajos. La lucha va a seguir estando. Este proceso devaluatorio no ha sido acompañado por compensaciones como en otros gobiernos, por caso, las devaluaciones producidas en 2018 y 2019 si bien produjeron un aumento de la inflación luego los aumentos que el ejecutivo le daba a la Corte prácticamente compensaron esa inflación”, advirtió Durgam.
Años de lucha de salarial
“El epicentro del conflicto salarial del 2025 se dió entre los meses de mayo y abril, con medidas de fuerza y de presión. Luego vino una etapa de negociación, que tiene sus antecedentes históricos, no es un conflicto que nace solamente al calor de la pérdida salarial” resaltó el referente sindical.
A modo de síntesis, Santiago recordó que en el año 2004 los jueces vieron que previsionalmente aportaban un 10% más que sus pares nacionales, por lo que sancionaron una acordada por la que se autodevolvían ese porcentaje, digamos, por otra ventanilla. Después en 2009, la legislatura de Córdoba sancionó una ley que empieza a equiparar los salarios de la Justicia provincial a la federal pero solamente al sector de funcionarios y magistrados,es decir, los que ya de por sí ganaban más: “El concepto de justicia social, absolutamente ausente, había plata para repartir y se la dieron a los que más ganaban”.
En el año 2013, esta brecha salarial entre quienes estaban encima de la pirámide y los de abajo, produjo un enorme conflicto que se dio entre mayo y diciembre e incluyó grandes manifestaciones y un par de tomas pacíficas de tribunales. ¿Cuál fue el resultado? una decisión unilateral del TSJ, que estableció que durante 2014 las diferentes categorías del Poder Judicial de Córdoba iban a cobrar los mismos aumentos que magistrados y funcionarios, es decir, pasarnos a la pauta de la Corte. Esta decisión luego debía renovarse año a año.
“El análisis que hacemos es que pasarnos a la pauta de la Corte fue beneficioso, primero porque la brecha de salario interna dejó de crecer aunque no se redujera y además, teniendo en cuenta la inflación que hubo en esa década, pudimos conservar nuestro poder adquisitivo, a pesar de que tuvimos que luchar para sostener el sistema salarial, porque muchas veces la Provincia no quería pagar esos aumentos que se definían en Nación”, reflexionó Durgam.
En el 2016, se inicia un conflicto para que les paguen más por título y recuperar un porcentaje de la antigüedad perdida a mitad de los 90: hubo toma de tribunales e intervención del ministerio de Trabajo de la provincia. Se logró un acuerdo tripartito, que automatiza los aumentos de la Corte por lo que no debía renovarse año a año. A lo que se sumó una reestructuración que sin eliminar categorías generó que en dos años ascendiera casi la totalidad de la planta .
“Entre el 2018 y el 2019, tenemos pautas considerablemente mejores que la Provincia, y no nos querían pagar esos aumentos, entonces, otra vez tuvimos que defender ese sistema salarial, y se consiguió que Córdoba pague, tarde, en medio de la cuarentena dos aumentos que la Corte había otorgado para noviembre y diciembre de 2019. Hasta finales de 2023 le peleamos a la inflación, acá se produjo el quiebre no sólo por la voluntad del Ejecutivo de licuar los salarios sino también porque la Corte acompañó esa política. Mientras que a Cristina, Macri y Fernandez la Corte se le plantaba, con Milei se han resignado a perder prácticamente todos los meses con la inflación”, señaló.
En busca de una Ley de equiparación salarial
Todos esos antecedentes de avances y retrocesos en la lucha gremial consolidaron que en pleno 2025, trabajadores y trabajadoras puedan ingresar de manera progresiva al sistema salarial único dentro del Poder Judicial que supone un proceso de equiparación con la Justicia Federal, que está pautado para que se suceda en dos tramos para quienes menos ganan y en cuatro tramos para el resto de la planta.
El gremialista explicó que este acuerdo quedó reflejado en una acordada del TSJ, pero que “lo ideal en términos de aspiraciones es tener el mismo instrumento jurídico que tienen funcionarios y magistrados para fijar salarios, sería clave tener una Ley que refleje nuestra equiparación en los mismos términos que ellos”.
