Traslasierra: por orden de la Justicia, una mujer debe vivir con su agresor

Una fallo despertó malestar e indignación en el colectivo feminista del Valle serrano, nuevamente, falta perspectiva de género en las denuncias por violencia machista.

En Villa Cura Brochero, luego de realizar varias denuncias y un pedido de exclusión del hogar, la Justicia decidió que una mujer siga conviviendo con su agresor.

El día martes 24 de febrero, “Juana”, una vecina del Valle, creyó que la violencia que venía viviendo desde hace muchos años terminaría. Solicitó ante la Justicia que expulsaran al violento de su casa.

¿Qué sucedió luego? De acuerdo a este pedido, le informaron que saliera de su casa “por unas horas” para que la policía haga efectiva la medida, por esto, esperó cinco horas con una consigna policial, pero nadie se comunicaba con ella.

Ante este panorama, la organización de acompañantes comunitarios “Mujeres de Traslasierra”, por pedido de la denunciante, hizo las averiguaciones correspondientes y se les informó que la justicia había decidido no excluir al agresor ese día, ya que éste manifestaba tener una enfermedad y no contar con un lugar a donde ir.

Es decir, no les importó que Juana debe convivir con su agresor, “una persona violenta y con problemas de alcoholismo”, pero con una consigna policial.

El 25 de febrero, la resolución desde el juzgado de Cura Brochero fue citar a la mujer a la Unidad Judicial de Mina Clavero para que ratifique o rectifique el ofrecimiento de pagar el alquiler a su agresor, y en caso de hacerlo, que informe “la vivienda locada con ese objeto”.

“Juana llegó a ofrecer aportar algo de dinero para que él consiga un alquiler, pero no ofreció hacerse cargo de pagarle el alquiler a quien es su agresor. ¿El criterio del Juez Estigarribia es que una víctima se haga cargo de la vivienda de su victimario?”, señalan desde Mujeres de Traslasierra.

Foto Archivo. Movilización por Úrsula Bahillo

El colectivo es claro: Es urgente que se dé cumplimiento a la exclusión del hogar del agresor, además, el Estado debe ser quien garantice la vivienda del varón, y que las instituciones protejan la integridad física y psicológica de la denunciante.

“Es importante visibilizar las decisiones que se toman desde la justicia en el Valle, ya que este no es un caso aislado, las instituciones encargadas de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres son las que vuelven a violentarlas y revictimizarlas” enfatiza la organización feminista.

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