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Todo lo que tenés que saber sobre la habilitación de las aplicaciones de transporte en Córdoba

Publicado por:Ramiro Quintanilla

El Concejo Deliberante aprobó la reglamentación que deberán cumplir las empresas como Didi, Uber y Cabify, así como los choferes que presten el servicio.

En la previa del fin de semana, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza para habilitar a las aplicaciones de transporte a trabajar en la ciudad.

La iniciativa se aprobó en general, por 28 votos a favor, dos rechazos (concejales juecistas Graciela Villata y José Romero Vázquez) y la abstención de Laura Vilches (FIT).

La ordenanza regula e impone condiciones a las empresas, a los choferes y a los vehículos.

Los conductores deberán siempre circular con DNI, poseer licencia de conducir categoría D1, seguro de accidentes personales o ART, certificado de antecedentes penales y no figurar en el registro de condenados por delitos sexuales, además de inscribirse en el Registro Digital Municipal.

Los autos deberán tener motor de al menos 1.000 centímetros cúbicos, aire acondicionado, baúl para dos valijas medianas, y no superar los 10 años de antigüedad. También deberán tener la Inspección Técnica Vehicular (ITV) aprobada y renovada, una capacidad máxima para transportar hasta siete (7) pasajeros y siempre tener identificación visible del servicio con el logo de la empresa o modalidad determinada por la Autoridad de Aplicación.

Las empresas de aplicaciones de transporte también deberán adecuarse a distintos requisitos para su actividad en Córdoba. Tendrán un período de hasta seis meses para adecuar su situación: deberán constituir domicilio legal en la ciudad de Córdoba, inscribirse como actividad comercial en ARCA, Dirección General de Rentas y Comercio e Industria, tributar localmente, presentar contrato social o estatuto y acta de designación de autoridades actuales y tener una póliza de seguro acorde a la normativa exigida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Durante ese lapso de seis meses no habrá controles ni sanciones contra las aplicaciones.

Respecto de las tarifas, el costo mínimo de un viaje no podrá ser inferior al boleto del transporte urbano, pero se permitirá un sistema de valor dinámico fijado entre el usuario y la aplicación.

El tema central: el cupo

El artículo 9 del proyecto original establecía un tope de 3.998 licencias, a lo que las empresas estimaron que casi el 80% de los choferes de las apps, quedarían por fuera de ese cupo.

Finalmente, el Concejo Deliberante no fijó tope y dejó librado ese aspecto a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo, en su carácter de autoridad de aplicación. “No se aplicará de inmediato, pero se monitoreará el mercado desde el inicio para ver si se requiere”, indicaron desde el oficialismo.

La discusión incluso, llegó internamente al oficialismo. Por ejemplo, Gustavo Pedrocca y Ricardo Moreno se expresaron a favor del cupo como una garantía de muchos puestos de trabajo tradicionales, como el de taxis y remises.

“Entiendo que hay que normar, pero el cupo impartía justicia y seguridad a los trabajadores, y hoy ya no está”, cuestionó Pedrocca, mientras que Moreno aseguró: “Acá se rompe el principio de igualdad. Me llama la atención que se haya vuelto atrás con el tema de fijar un cupo. Confío en el criterio del intendente para no afectar con la reglamentación los intereses de taxistas y remiseros”.

Martín Juez (Frente Cívico), que se diferenció de su bloque y acompañó el proyecto expresó: “Es extraño que hayamos pasado de un cupo de 4.000 vehículos, a dejarlo librado a la voluntad del intendente. ¿Qué pasó? Alguien debe explicar este cambio. Considero que las apps son la solución, no el problema. El problema es que tenemos que ver cómo taxis y remises pueden competir en igualdad de condiciones, y que después el usuario elija”.

Jéssica Rovetto (Cordobeses por la Libertad), defensora de la liberación del sistema, dijo que “el cupo distorsiona todo y lleva a una menor oferta y tarifas más caras” y consideró “un riesgo” que la fijación de un tope quede al arbitrio del Ejecutivo. “La ventaja de las apps es justamente el dinamismo. Se ajustan a la demanda de manera flexible”, indicó.

Por último, Soher El Sukaría (PRO) valoró que “el bien mayor es cuidar el transporte y la seguridad de los ciudadanos” y remarcó que el Ejecutivo “siempre tiene un margen de discrecionalidad al reglamentar normas”, por lo cual votó favorablemente.

¿Qué se dijo?

El concejal Marcos Vázquez (HUxC) justificó la regulación de las aplicaciones de transporte en Córdoba en la necesidad de permitir la inserción de las nuevas tecnologías y formatos de movilidad, y por tratarse de un servicio privado que es de interés público. “La Municipalidad debe ordenar la actividad» y que «La ordenanza es el fruto del consenso y seguramente nadie puede decir que no fue escuchado”, señaló.

Por su parte, Gabriel Huespe (Ciudadanos), destacó que ahora “podrán trabajar en igualdad de condiciones taxistas, remiseros y plataformas, las que han venido a resolver la vida de la gente para trasladarse”.

Desde la UCR, Sergio Piguillem planteó el acompañamiento de su bloque pero cuestionó que la ordenanza no se haya analizado conjuntamente con el marco regulatorio del transporte masivo y también con correcciones al régimen de taxis y remises.

“La gran mayoría de los cordobeses eligió las aplicaciones, porque el bondi no pasa a tiempo, las paradas no son seguras y el boleto es caro. Esto cambió a los pasajeros de un servicio a otro. El convencimiento es que el usuario deje de tener un sistema en la ilegalidad”, argumentó.

Graciela Villata (Frente Cívico) rechazó el proyecto y planteó también que “se debería haber trabajado no solo las aplicaciones, sino con taxis y remises”, para quitarles exigencias burocráticas y carga tributaria a estos últimos.

En ese último punto coincidió Javier Favre (UCR), aunque en su caso acompañó. “Voto favorablemente, incluso algunos artículos que no me agradan, pero la regulación es una deuda grave que teníamos con los vecinos, al punto de que fue el Poder Judicial quien nos mandó a hacer lo que nos correspondía. Es un avance establecer que el transporte por apps es una actividad lícita. El limbo jurídico es malo para la ciudad”, sostuvo.

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