Tierras indígenas: la deuda eterna del Estado argentino

Desde la conquista europea, los pueblos originarios fueron sometidos a toda clase de mecanismos violentos que acabaron por diezmarlos y despojarlos de todo signo cultural que los represente. Uno de ellos es el territorio: elemento fundamental y constitutivo de la identidad indígena.

Por Agustina Bortolon

El pasado 14 de diciembre, se llevó a cabo la conferencia de prensa “La violencia territorial hacia las comunidades indígenas de Córdoba”, organizada por iniciativa de las comunidades con el apoyo y la colaboración del Museo de Antropología de la UNC. En este marco es preciso, a la luz de la demanda, poner sobre la mesa un debate acerca de los pueblos indígenas y sus reclamos históricos, enfatizando particularmente en el pensamiento simbólico en torno al territorio y la dimensión empírica de lo que eso significa.

En primer lugar, es interesante poner en relieve que la identidad de las comunidades indígenas está fuertemente ligada a sus demandas territoriales, entendiendo al territorio como un elemento fundamental y constitutivo de la misma. Según sus cosmovisiones, el territorio no representa un recurso natural, un mero terreno o incluso una propiedad privada. Es ante todo una parte integral del ser, y es a través de él que se tiene acceso al pasado, al presente y al futuro. Contempla toda la historia de los ancestros y confluyen en él lo natural y lo cultural, lo abstracto y lo real. Territorio es marca, una guía para el “buen vivir”, para el encuentro, es la familia, el respeto y el aprendizaje. 

En ese sentido, para comprender la dimensión del reclamo, primero hay que considerar brevemente la dimensión histórica. Desde la conquista europea, los pueblos indígenas fueron sometidos a toda clase de mecanismos violentos que acabaron por diezmarlos, y cuya maquinaria de poder se perpetuó para despojarlos de todo signo cultural que los represente; en un afán de blanquear a la población argentina y homogeneizarla bajo la idea de una nación hija de los barcos.

Durante décadas se fue construyendo un sentido común en relación a pensar que en  nuestro país los indígenas ya no existían, exhibiendo en museos los vestigios de sus culturas, conseguidos mediante el saqueo indiscriminado. Estos pueblos de esta forma fueron relegados al pasado, usando sus cuerpos y su cultura material para el ocio, la fascinación y la instrucción de las clases medias y altas.

Dicho esto, al hablar de la violencia territorial que sufren actualmente las comunidades indígenas de la provincia de Córdoba, no podemos obviar los precedentes históricos al respecto, considerando que esta demanda viene cargada de años de invisibilización y borramiento de sus identidades de parte del pensamiento occidental y dominante. En este punto también es posible hablar de que en ese ahínco por negar su existencia, se exige que los miembros de las comunidades hagan un esfuerzo por demostrar que son “verdaderos indios”, poniéndolos bajo la mira y observándolos minuciosamente para tratar de ver sus características fenotípicas y determinar si realmente lo son.

Así, en este contexto, durante las últimas décadas y a la luz de normativas estatales que fueron surgiendo, los miembros de las comunidades se vieron en la necesidad de organizarse, de enunciarse como sujetos políticos con existencia propia, antecesora a la modernidad y al aparato estatal, con derechos y demandas reales y urgentes. 

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Estado ausente

El Estado argentino de alguna manera tiene una deuda con las comunidades indígenas, fundamentalmente porque si bien se reconocen sus derechos, al mismo tiempo se los vulnera en la práctica. Es decir, existen leyes y normativas, pero a los fines prácticos no se cumplen. Algunos de los territorios en disputa que pertenecen a las comunidades de Córdoba, son zonas protegidas, sitios arqueológicos. Esto es, no se permitiría -si realmente el Estado estuviera presente en esta demanda- que se usurpe, avasalle y explote el monte y los sistemas hídricos para el beneficio de algunos sectores poderosos.

El hecho de que los pueblos indígenas tengan que validarse como tales a los ojos del Estado moderno ya nos sugiere que más allá de abogar por la interculturalidad, los marcos legales y los márgenes estatales siempre son determinados por el mismo Estado, es decir, por la modernidad y la occidentalidad. 

Aunque parezca que la Conquista es algo obsoleto, hoy en día la misma adopta formas distintas, en nombre de fideicomisos, sociedades anónimas, inmobiliarias; que llegan a los territorios a saquear el monte, robar animales, violentar y amenazar a las comunidades que allí habitan mediante el uso de mecanismos sanguinarios e intimidantes. Una violencia que tiene precedentes, pero que es muy difícil de dimensionar por la magnitud y el rigor de la misma. 

Este reclamo entonces se configura como un llamado de auxilio a las autoridades del Estado, a los gobiernos y a todas las personas que puedan ayudar, para que se efectivice el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y normativas que deben proteger los sitios arqueológicos y los territorios indígenas en general. Para que de una vez los pueblos puedan lograr la emancipación del Estado, para que tengan autonomía, para que se respeten sus creencias simbólicas, sus cosmovisiones, sus culturas.

La deuda entonces no es sólo del Estado sino de toda la sociedad, porque lo que está en juego no son sólo hectáreas o parcelas, es el territorio simbólico, el tiempo, la historia y la vida.