Seis familias de Villa 15 evitaron su desalojo con respaldo de la ONU

La medida provisional del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU fue acatada por el Juzgado Nacional Civil 39 de la Ciudad de Buenos Aires. Solo de este modo se frenó el desalojo.

Fuente: El Grito del Sur

Tras la medida provisional dictada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, el Juzgado Nacional Civil 39 de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto el desalojo de 6 familias en Villa 15. Se trata de primera vez en la que un tribunal de este tipo pone por delante un fallo internacional en favor del derecho a la vivienda, por sobre el derecho a la propiedad.

“El desalojo era inminente cuando entramos en contacto con las familias, a inicios de 2020. Todas las instancias judiciales estaban agotadas. Estudiando las alternativas, recurrimos al Comité DESC de la ONU, que ya había fallado a favor de otras familias también con desalojos en España. Y conseguimos esta resolución favorable, que sienta un precedente en materia del derecho a la vivienda en nuestro país”, dijo el abogado Leonel Bazán, del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP) a El Grito del Sur.

En la vivienda que se intentó desalojar, actualmente viven alrededor de 26 personas (6 familias) en condiciones de extrema vulnerabilidad. La mitad de estas personas ya habían sido desalojadas anteriormente, cuando residían en un edificio conocido como el “Elefante Blanco”. Allí, actualmente funcionan oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. Cuando abandonaron ese lugar, les dieron un subsidio y les prometieron un plan de viviendas que el Ejecutivo porteño nunca cumplió.

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El derecho a la vivienda fue motivo suficiente

A mediados del año pasado, cuando el desalojo era inminente, las familias afectadas junto a CEJIP decidieron hacer una denuncia al Estado Nacional. En especial a su Poder Judicial y al Gobierno de la Ciudad. El reclamo radica en que no le garantizaron su derecho a la vivienda. Esto fue motivo suficiente para que la ONU los respalde y la jueza María Victoria Pereira acate la medida internacional.

“La solución de este caso requiere compromisos y acciones concretas del Estado, tanto a nivel nacional como local, para garantizar el derecho a la vivienda de las familias afectadas. Al mismo tiempo, es necesario reformar las normas que admiten este tipo de desalojos y crear un protocolo para la tramitación judicial de estos casos. Asimismo, se deben poner en marcha políticas de regularización dominial e integración socio-urbana en la Villa 15”, añadieron desde CEJIP a El Grito del Sur.

Fuente: El Grito del Sur

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