El gobernador pidió penas más duras para quienes agreden al personal policial. No obstante, la insistencia en un paradigma represivo ignora la necesidad de políticas públicas integrales.
Tras un nuevo hecho de violencia contra un efectivo de la Policía Caminera, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, insistió con su propuesta de endurecer las penas para quienes agredan a personal policial.
El episodio que motivó sus declaraciones ocurrió el sábado 31 de mayo, cuando un conductor atropelló a un agente durante un control en Avenida Circunvalación.
Desde el Centro Cívico, el mandatario volvió a reclamar al Congreso Nacional la sanción de una ley que agrave las penas por “resistencia a la autoridad”. “Esto no puede seguir así, tenemos que defender a los policías”, señaló, advirtiendo que los ataques no son hechos aislados: “Esto no sucede solo en Córdoba, lo que pasa es que en Córdoba lo estamos visibilizando”.
Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 610 incidentes de agresiones a agentes policiales, de los cuales 16 involucraron atropellamientos a personal de la Policía Caminera.
“Hay que tener una postura clara, no hay que ser tibios. No podemos tener seguridad si no se respeta a la policía”, enfatizó Llaryora, y añadió: “¿Qué vamos a esperar, que se muera un policía? Los fiscales deben usar el máximo permitido legal”. Para cerrar su discurso, apeló a un tono emocional: “Estoy al lado de los policías y sus familias, pensemos en los hombres y mujeres que integran la fuerza y en sus familiares, sus padres, sus hijos, ellos necesitan de nuestro apoyo”.
¿Castigar más o prevenir mejor?
El enfoque de Llaryora deja poco espacio para un debate serio sobre los límites y las consecuencias del punitivismo. Elevar las penas no ha demostrado, en ningún contexto, ser una solución estructural al problema de la violencia ni un mecanismo eficaz de disuasión.
Más aún, la insistencia en un paradigma exclusivamente represivo ignora la necesidad de políticas públicas integrales: prevención, formación continua en derechos humanos, fortalecimiento del vínculo comunitario de las fuerzas de seguridad, y revisión crítica del accionar policial. Sin esto, las medidas que se propongan corren el riesgo de alimentar una escalada de violencia institucional más que de proteger verdaderamente a quienes integran la fuerza.
La pregunta que queda flotando es si el Gobierno de Córdoba está dispuesto a revisar las causas sociales, económicas y culturales de la conflictividad urbana, o si prefiere continuar apelando al endurecimiento penal como única respuesta, aun sabiendo que lo que hoy se presenta como solución puede, a futuro, agravar la fragmentación del tejido social.
