Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y por ello presidenta del Senado, dio lugar al pedido del bloque peronista y estableció como fecha el 3 de abril.
El 3 de abril se definirán los pliegos de los jueces candidatos a la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, en una sesión en el Senado solicitada por el interbloque peronista.
Así lo definió Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y por ello presidenta del Senado. La fecha establecida por Villarruel podría deberse a que de esta forma evita críticas sobre el cierre del Senado y transfiere la responsabilidad a la Casa Rosada y a los legisladores.
Quienes pidieron discutir los pliegos de los jueces en el Senado fueron los senadores peronistas a quienes se sumaron los senadores Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Todos ellos impulsaron dos dictámenes en apoyo a la candidatura del juez Manuel García-Mansilla, habilitando el tratamiento de su pliego en el Senado.
Lijo y García-Mansilla fueron designados para integrar la Corte Suprema de Justicia por un DNU del presidente Javier Milei. La decisión fue muy cuestionada por la oposición, organizaciones sociales y ONG’s.
Las críticas tienen que ver con el debilitamiento en la división de poderes y la decisión de incorporar jueces afines en el momento de máxima tensión por el caso $LIBRA, en donde se busca determinar la responsabilidad del presidente y algunos de sus funcionarios en la máxima estafa de la historia de las criptomonedas.
¿Por qué ONG’s presentaron una cautelar contra las designaciones?
El argumento de las ONGs para presentar este amparo es que la designación viola la Constitución Nacional, que considera procedimientos específicos para nombrar a jueces del máximo tribunal de justicia del país.
Las ONG’s consideran que el DNU debilita la división de poderes, con el Ejecutivo teniendo una injerencia indebida en el Poder Judicial.
Preocupa también la corrupción y el crimen organizado. El Director Ejecutivo de INECIP, Julián Alfie, declaró en una nota de opinión para La Nación que la designación de Lijo significa el «avance del crimen organizado sobre la Justicia».
«Con un juez sospechado de ser corrompible, la Corte Suprema argentina se convertiría en un blanco fácil para quienes necesitan protección judicial para sus negocios ilícitos», escribió Alfie.
