San Luis: confirman que Florencia no se suicidó y apuntan contra la Policía
Una nueva pericia desmiente a la versión policial y determinó que la mujer no se suicidó en la comisaría sino que murió por estrangulamiento. Florencia Magalí Morales tenía 39 años cuando fue detenida en abril de 2020 en San Luis por romper la cuarentena en el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La misma […]
Por Cristian Dominguez | 09/29/2021
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Una nueva pericia desmiente a la versión policial y determinó que la mujer no se suicidó en la comisaría sino que murió por estrangulamiento.
Florencia Magalí Morales tenía 39 años cuando fue detenida en abril de 2020 en San Luis por romper la cuarentena en el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La misma tarde del arresto apareció ahorcada en la celda en un supuesto suicidio, según la Policía, y su caso se difundió en todo el país.
Ahora, el avance de la investigación dio un giro importante en el caso. Una nueva pericia desmiente a la versión de la Policía y determinó que Florencia no se suicidó sino que murió de “asfixia por estrangulamiento”.
La familia pidió, a través de su abogado, que el caso se investigue como un "femicidio" y por lo tanto se impute a los cuatro policías que estaban en la seccional de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril del año pasado.
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Uno de los abogados, Federico Putelli, explicó a la agencia de noticias Télam que el pedido se basa en los peritajes criminalísticos que fueron incorporados al expediente que aseguran que Morales murió como consecuencia de una “asfixia por estrangulamiento”, por lo que se descarta la hipótesis del suicidio “y se confirma el femicidio”.
La intervención de la Secretaría de DDHH
Desde el primer momento, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió que los policías que estaban presentes en el momento sean imputados por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, al mismo tiempo que solicitó llegar a fondo de la investigación para determinar si la muerte de Florencia Magalí Morales (39) fue un caso de violencia institucional.
“Al suscribir los tratados y convenciones sobre derechos humanos, el Estado argentino se obligó a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y suprimir toda violación a los derechos humanos, como es la muerte de una mujer bajo custodia de miembros de una fuerza de seguridad del Estado provincial”, expresó en una carta el titular de la secretaría, Horacio Pietragalla Corti.
Para el organismo nacional, los hechos no podían simplemente encuadrarse en un mero incumplimiento policial. En una carta enviada a finales de abril de 2020, Pietragalla enumeró las pruebas por las que presumía que se trataba de una violación a los derechos humanos. De esta manera se impidió que se cierre la causa y se avance en la investigación desde otra perspectiva.
