En respuesta a esto, la Mesa de DD.HH. de Traslasierra pronunció su clara preocupación por la entrega de territorios para la “explotación de recursos” bajo un incentivo económico.
Este martes 15 de octubre, el Ejecutivo Provincial presentó el proyecto de ley para que Córdoba se adhiera al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) y se espera su aprobación.
Como ya fue anunciado, trata de un proyecto “superador” de aportes capitales por parte de la Provincia con beneficios impositivos, que se brindarán a proyectos que tengan una inversión mínima de 200 millones de dólares; con excepción en petróleo y gas en donde el monto mínimo será de U$S 300 millones.
La iniciativa será tratada este miércoles 16 de octubre en la Legislatura de Córdoba. Lo que se busca beneficiar son sectores dedicados a las actividades extractivistas específicas como: agronegocios, forestales, megaminería, litio, hidrocarburos, inmobiliarias y pesca industrial.
El proyecto se presentó con seis artículos: en el primero y segundo trata exclusivamente sobre la adhesión formal de Córdoba al Régimen, previsto en el Título VII de la Ley N°27.742 y su marco regulatorio.
En el tercero, se establece la potestad de Córdoba, a través del Gobierno, sus ministerios y demás organismos, a incrementar los beneficios previstos en el RIGI, así como “desarrollar y ejecutar obras de infraestructuras complementarias y financiar programas de capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
En el cuarto artículo, se invita a Municipios y Comunas a “dictar normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal” a los proyectos.
En cuanto a los dos últimos, presenta al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio que este determine, como el encargado de reglamentar la presente ley.
Desde el Gobierno destacaron que se trata de “impulsar las fortalezas” que tiene Córdoba “ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.
Asimismo, resaltan que los titulares de proyectos que se radiquen o localicen en la provincia, para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales.
Mesa de trabajo de DD.HH en Córdoba
Como respuesta a la presentación del proyecto del RIGI en Córdoba, la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra publicó su preocupación, vía redes sociales, por el avance de la adhesión al régimen.
“En nuestro territorio de Traslasierra tenemos el ejemplo de la extracción ilimitada del acuífero para producción de alfalfa por la empresa Fondomonte que autorizó Schiaretti acomodando y traspasando las leyes hídricas y la Ley Provincial del Ambiente” expresaron en la red social de Instagram.
Además, resaltan que este régimen promete la entrega de territorios para la explotación de «recursos» bajo un incentivo económico extraordinario, permitiendo el avance de la frontera agropecuaria, urbanizaciones, turismo, negocio inmobiliario, minería, autovías, en manos de empresas monopólicas que no reparan en los daños socioambientales.
A lo que remarca que, “En Traslasierra, la explotación del Litio en Las Tapias por empresas transnacionales, Cimas de Nono, emprendimiento inmobiliario que hubiera duplicado la población de Nono vertiendo sus efluentes en el Río de las Sauces, son sólo ejemplos que fueron frenados por la voluntad popular”.
“Representa una entrega inconstitucional. Las empresas que inviertan en Argentina y en Córdoba no pagarán ningún gravamen local; tendrán plena disponibilidad de sus inversiones, que no podrán ser confiscadas ni expropiadas por ninguna autoridad en Argentina, por un período de 30 años” agregan.
Por último, alegan que los motivos para oponerse se basan en la legítima protección de las tierras, evitando así que queden a disposición del “mejor postor” e ignorando los bienes comunes, sociales y a las poblaciones locales.
