A seis años de la sanción de la Ley Micaela, una gran parte de los integrantes del Poder Judicial sigue sin tomar los cursos que determina la normativa.
A seis años de la sanción de la Ley Micaela, apenas un poco más de la mitad de jueces y juezas se capacitaron en materia de género.
En proporción, son más las mujeres que los varones magistrados quienes han cumplido con la formación obligatoria. Paradójicamente, el Poder Judicial, encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes, avanza a paso lento en este caso, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Entre los fiscales la situación es peor: solo se capacitó el 34%. Entre defensoras y defensores públicos, apenas el 25% hizo los cursos de la Ley Micaela.
Ley Micaela
La Ley Micaela fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2018. La iniciativa fue promovida tras el femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017.
La víctima, de por entonces 21 años, era militante del Movimiento Evita y una activa promotora del Ni Una Menos. El hecho fue en Gualeguay, Entre Ríos, y generó una enorme conmoción social.
El agresor estaba condenado por otros casos de violación y poco tiempo antes había obtenido la libertad condicional, lo que suscitó una gran indignación y generó sospechas de fallas en el sistema judicial y penitenciario.
El padre de Micaela, Yuyo García, fue el impulsor de la Ley 27.499, popularizada bajo el nombre de su hija.
La norma establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública en los diferentes niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación deben capacitarse obligatoriamente en la temática de género y violencia contra las mujeres.
¿Quiénes brindan la capacitación?
Las capacitaciones de la Ley Micaela dependen de tres organismos del Poder Judicial de la Nación: la Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo de la Magistratura dicta el «Taller de Acceso a la Justicia y Género»; la Escuela Judicial ofrece la «Capacitación en Materia de Perspectiva de Género»; y, por último, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema brinda el curso «Acceso a la justicia y género».
Según la información proporcionada a ACIJ por esas tres instituciones, solo el 54,6% de los jueces y las juezas se han capacitado. Esto es: 384 magistrados titulares del total de 703.
Si bien el 70% del total del Poder Judicial de la Nación son magistrados varones, proporcionalmente son más las magistradas que han cumplido con la formación que obliga la normativa: el 63,4% de las juezas contra solo el 50.7% de los jueces.
¿Qué sanciones hay por incumplir la Ley Micaela?
Si bien el Congreso de la Nación no dictó un plazo concreto para cumplir con la capacitación de la Ley Micaela, la necesidad de instruirse en cuestiones de género está vigente.
La normativa estipula que, si el funcionario público que recibe una intimación por la autoridad de aplicación se niega a tomar los cursos, «será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente».
También faculta a la autoridad de aplicación a hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del organismo.
Con información de Página 12.
