A días del inicio de las sesiones extraordinarias, Patricia Bullrich intensifica las gestiones con bloques dialoguistas para modificar el dictamen de la reforma laboral y lograr la media sanción el 11 de febrero. Ganancias, indemnizaciones y derogaciones de leyes concentran las principales resistencias.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei entra en una fase decisiva en el Senado. Con el inicio formal de las sesiones extraordinarias previsto para el próximo lunes 2 de febrero, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acelera las negociaciones con sectores dialoguistas para ajustar el proyecto que La Libertad Avanza pretende llevar al recinto el miércoles 11 de febrero.
Uno de los puntos más sensibles es la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital. La iniciativa propone bajar del 30% al 27% para algunas empresas, y del 35% al 31,5% para otras. Al tratarse de un tributo coparticipable, las provincias advierten que la medida podría impactar negativamente en sus recursos, aunque desde el Ejecutivo sostienen que la pérdida se compensará con un aumento del empleo formal en el mediano plazo.
Otro eje controversial es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarían las indemnizaciones por despido mediante un aporte equivalente al 3% de la masa salarial. Ese porcentaje se descontaría de las contribuciones a la seguridad social que hoy se destinan a la Anses. También genera resistencia la posible derogación de diversos estatutos laborales y de normas como la Ley de Teletrabajo.
Bullrich se abocó a recoger objeciones de distintos bloques, pero evita anticipar qué modificaciones concretas se introducirán. La estrategia del oficialismo es no reabrir el debate en comisiones y realizar los cambios directamente en el recinto el día de la sesión.
En términos parlamentarios, La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores -20 propios y el cordobés Luis Juez-, por lo que necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quorum. La UCR, con 10 integrantes, y el PRO, con 3, muestran predisposición a acompañar el proyecto en general, aunque buscan introducir ajustes en la letra chica. Además, el oficialismo apunta a captar apoyos de legisladores de fuerzas provinciales.
Entre las figuras en duda se encuentra la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien en el debate en comisiones cuestionó las “derogaciones masivas” de leyes y estatutos. El gobernador Martín Llaryora se mostró abierto al diálogo, pero rechazó cualquier retroceso en los derechos laborales y los cambios en Ganancias que afecten los ingresos provinciales.
Otros nombres clave para el oficialismo son Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la tucumana Beatriz Ávila, todos con vínculos estrechos con sus respectivos gobernadores.
En paralelo, Unión por la Patria, que cuenta con 28 senadores, ya anticipó su rechazo al proyecto y articula su postura con la CGT. No obstante, Bullrich confía en volver a fracturar la bancada, como ocurrió durante la votación del Presupuesto, cuando tres senadores ligados a mandatarios provinciales respaldaron la iniciativa oficialista.
En Diputados, la discusión también expuso tensiones internas dentro del peronismo. La exministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos presentó un proyecto alternativo de reforma laboral, acompañado por un grupo reducido de legisladores, aunque sin aval del bloque en su conjunto.
La propuesta de Olmos se ubica en la vereda opuesta a la de Milei: incluye la simplificación de la negociación colectiva, la reducción progresiva de la jornada laboral, un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, nuevas licencias parentales y la creación de comités mixtos de seguridad laboral, entre otros ejes.
