Por Cristian Dominguez
El Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, llamada comúnmente «reforma judicial«. El encuentro será a partir de las 14 en el recinto de la Cámara alta.
El proyecto fue presentado hace un mes atrás por el presidente Alberto Fernández. No obstante, durante su tratamiento en comisiones el texto original sufrió cambios sustanciales.
Proyecto original y cambios
- Justicia Federal Penal. Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados. Cambio: no pueden transferirse aquellas secretarías en las que tramitan causas por delitos de lesa humanidad.
- Nuevos magistrados. Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Cambio: el proyecto original sostenía que no podían postularse aquellos magistrados que habían dado consentimiento para ser transferidos a la Justicia porteña, pero esto fue eliminado.
- Juicios en curso. El presidente aclaró que «la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando». Este es un punto importante para no creer que esta reforma pueda modificar causas judiciales que ya están en curso.
- Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías. El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión. Se pretende adecuar la labor de los juzgados a la puesta en marcha del sistema acusatorio que estableció el nuevo Código Procesal Penal Federal.
- Transferencia de la competencia penal a la Ciudad. La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.
- Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. El proyecto preveía la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo, pero esto fue eliminado. Lo que se aprobó en comisión es la creación de un Tribunal de Resolución de Conflictos, integrado por 3 magistrados, que será instancia única e inapelable de resolución de los conflictos de competencia de estos dos fueros.
- Fortalecimiento de la justicia en todo el país. En el proyecto original se proponía la creación de 94 juzgados federales de primera instancia con competencia penal en distintos puntos del país. El dictamen de comisión modificó esto. Serán 63 juzgados federales de primera instancia; seis cámaras federales nuevas (Catamarca, Formosa, Salta y Jujuy, San Juan, San Luis Santiago del Estero) más dos salas nuevas en la ya existente Cámara Federal de Rosario y una en la de Mar del Plata, lo que implica en total de 27 cargos de juez; y 2 nuevos tribunales orales federales (en Chaco y Corrientes), es decir, 6 nuevos cargos.
- Consejo Consultivo. La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho para, en palabras del presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.
- Pautas para jueces. El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:
1) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
2) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.
3) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
4) Ejercer sus funciones libres de interferencias.
5) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo. Aquí, se agregó que también notifiquen sobre presiones mediáticas, lo cual generó polémica y denuncias por «censura».
6) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.
7) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar. - Género. Hay dos artículos dentro del proyecto que aportan perspectiva de género a la Justicia. El artículo 16 establece que el Consejo de la Magistratura “deberá respetar la diversidad de géneros en la selección” de los jueces subrogantes para los nuevos puestos. El 37, establece que en los concursos para la selección definitiva de los nuevos funcionarios “deberá valorarse la perspectiva de género”.
Otras modificaciones
Sorteos. Se incorporó al dictamen de comisión que los sorteos de causas (cuando se determina qué juzgado va a investigar una denuncia) se realizarán manualmente y deberán ser grabados. También serán manuales los sorteos de tribunales de juicio. Y se podrá requerir el apoyo de organismos externos para garantizar la transparencia de los sorteos. El actual sistema informático que efectúa los sorteos de causas fue blanco de críticas e incluso de investigaciones judiciales por presuntas irregularidades, como se explicó en esta nota.
Concursos. Se extendió de 10 a 30 días el plazo que tiene el Consejo para llamar a concursos para ocupar los nuevos cargos una vez que entre en vigencia la ley. También se estableció que la prueba de oposición será escrita y se exige el 60% de aprobación de ese examen para pasar a la siguiente etapa.