Organizacionales sociales se pronunciaron en contra de la reducción del 76% en partidas presupuestarias para la gestión de medicamentos claves en el tratamiento de estas enfermedades.
La motosierra sigue recortando financiaciones de gestión pública y eliminando medicamentos claves para sectores vulnerables.
A través de la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo una reducción del 76% de los fondos presupuestarios asignados al Programa Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis.
Organizaciones sociales, como el “Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis”, ya se pronunciaron al respecto. Exigen el cumplimiento de la Ley 27.675; que declara de interés público nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS)y la tuberculosis.
Desde el Frente Nacional manifestaron que durante el 2024 fueron forzados a cambiar tratamientos, a causa del desmantelamiento de las políticas públicas en materia de compras de medicamentos e insumos.
Además, hacen énfasis en que las personas gestantes con VIH no pueden acceder a un cierto medicamento denominado Zidovudina (AZT), indispensable para prevenir una transmisión directa.
A esto le suman la falta de preservativos y campañas de prevención.
Se estima que los fondos para el programa de VIH para el 2025 serán de $23.052.000.000.
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Monopolio del medicamento
Otra de las problemáticas es el monopolio de los medicamentos. El Estado, desde el 2017 hasta la fecha, ha destinado más de $7.373 millones a la compra de Raltegravir.
Se trata de un antirretroviral esencial para el tratamiento del VIH, exclusivamente suministrado por “MSD Argentina SRL”, la única oferente en todas las contrataciones y único proveedor de este medicamento al Estado.
Desde la primera compra registrada en 2017 hasta la fecha, el Ministerio de Salud justificó todas las contrataciones bajo la modalidad de licitación directa por exclusividad, cerrando las puertas a posibles competidores y, por ende, a mejores condiciones económicas.
Incremento en los precios unitarios del medicamento
La compra inicial del medicamento se dio en septiembre del 2017, bajo la gestión del entonces ministro de Salud Jorge Lemus y el jefe de Gabinete Marcos Peña. Por ese entonces, el Gobierno adjudicó $139,3 millones por la compra de 2,2 millones de comprimidos (de 100 y 400 mg), con el precio unitario de $68,1.
Dos años más tarde, en marzo del 2019, hubo un incremento del 100%. El costo del comprimido de 400 mg se elevó a $137,38, con un aumento del 101,66%.
En abril del 2020, en contexto de pandemia y bajo la administración de Ginés González García, el comprimido de 400 mg alcanzó los $235,5. Esto significó una suba del 71,4% en apenas un año.
Para junio de 2021, con Carla Vizzotti como ministra de Salud, el precio unitario de este comprimido había escalado a $451,38, es decir, un 570% más caro que en 2017.
Con el actual gobierno de Javier Milei, bajo la administración de Mario Antonio Russo, el comprimido de 400 mg alcanzó el récord de $3.248,25, representando un aumento del 4670%.
Aumento por año del comprimido de 400 mg
- 2017- $68,1
- 2019- $137,38, con el 101,66% de aumento
- 2020- $235,5, con el 245,78% de aumento
- 2021- $451,38, con el 562,91% de aumento
- 2024- $3.248,25, con el 4.670,65% de aumento
