Rebelión educativa del 2018: "Sobran razones para seguir dando pelea"
Si bien en Río Negro lograron el sobreseimiento, la Justicia dio lugar a la exoneración de docentes y la suspensión de estudiantes. En Córdoba, exigen la absolución. El pasado 30 de mayo se notificó el sobreseimiento de las estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro procesadas por la toma del Vicerrectorado en […]
Por Cristian Dominguez | 07/01/2022
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Si bien en Río Negro lograron el sobreseimiento, la Justicia dio lugar a la exoneración de docentes y la suspensión de estudiantes. En Córdoba, exigen la absolución.
El pasado 30 de mayo se notificó el sobreseimiento de las estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro procesadas por la toma del Vicerrectorado en 2018. La acción de lucha se dio en el marco de la protesta contra el ajuste en Educación que había aplicado el Gobierno de Mauricio Macri.
Los y las estudiantes, al igual que las docentes, enfrentaban una acusación de delitos como usurpación y coacción agravada, con penas de hasta 15 años de prisión.
A pesar de que la movilización frenó el avance de la Justicia por el juzgamiento por supuestos delitos, la Cámara de Apelaciones efectuó la exoneración de las docentes y la suspensión por dos años de las estudiantes Río Negro. "Esto sienta un precedente gravísimo para el movimiento estudiantil y para la docencia universitaria que lucha", señalaron.
Una situación similar es la que enfrenta el estudiantado de Córdoba que ocupó el Pabellón Argentina, también en 2018, y que está a la espera de un juicio oral. En este caso, el Juez Federal Bustos Fierros y el fiscal Maximiliano Hairabedián siguen adelante con la criminalización de la protesta, acusándolos de usurpación por despojo, delito con una pena de hasta tres años.
Mediante un comunicado, numerosas organizaciones que apoyan a las y los estudiantes expresaron: "En ambos casos se buscó individualizar a algunas personas de las miles y miles que participaron en el conflicto, para descargar sobre ellas la persecución y el disciplinamiento hacia todo el movimiento. Estas causas constituyen un grave intento de sentar una condena ejemplificadora, a su vez que se trata de un precedente nefasto de criminalización de la protesta social".
En tanto, sostienen que por todo esto "sobran razones para seguir dando pelea" y conseguir la absolución en Córdoba.
"Ya quedó comprobado en los propios términos jurídicos que estas causas carecen de todo tipo de sustento, y que la organización y la movilización estudiantil, y de todos los sectores que protestan por derechos adquiridos o por nuevos derechos NO ES DELITO".
