El proyecto busca crear un régimen para intervenir inmuebles utilizados para el narcotráfico y otros delitos.
La Legislatura de Córdoba se encamina a debatir uno de los proyectos en materia de seguridad más relevantes del año. La denominada Ley Antibúnker, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, busca dotar al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, los denominados «aguantaderos» y edificios abandonados que favorezcan la comisión de delitos.
Sin embargo, detrás del consenso general respecto de la necesidad de combatir el narcomenudeo, la discusión que comienza a tomar forma en la Unicameral expone diferencias mucho más profundas. Qué tipo de política pública necesita Córdoba para enfrentar el avance de las organizaciones criminales y cuál debe ser el rol del Estado una vez que esos espacios son recuperados.
Con el receso legislativo de invierno como fecha límite, el oficialismo aceleró las negociaciones con los distintos bloques para intentar llegar a la última sesión antes del receso con un despacho consensuado. La estrategia del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba consiste en incorporar aportes de la oposición y construir una ley con amplio respaldo político.
Un régimen para intervenir inmuebles vinculados al delito
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone la creación de un régimen administrativo y judicial que permita actuar sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por abandono o deterioro, representen un riesgo para la seguridad y la convivencia.
La iniciativa contempla procedimientos de intervención temprana mediante inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitan medidas preventivas como el cierre de accesos, clausuras provisorias, tapiados, aseguramiento o custodia de los inmuebles.
Cuando existan investigaciones vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor impacto, entre ellas desalojos, demoliciones o la restitución de las propiedades a sus legítimos dueños.
Según explicó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, el objetivo central de la iniciativa no es únicamente destruir los puntos de venta de drogas, sino «recuperar el espacio público» y devolver esos lugares a los vecinos.
En paralelo, el proyecto crea una Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y un Registro Provincial que permitirá coordinar acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Trabajo y los gobiernos locales.
Otro de los aspectos centrales es el destino de los bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. La propuesta establece que el 60% de esos recursos sea destinado al fortalecimiento operativo y tecnológico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financie programas de prevención y abordaje de las adicciones.
Tres proyectos, una misma preocupación
Aunque el combate contra los búnkeres aparece como un objetivo compartido entre oficialismo y oposición, la Legislatura deberá conciliar tres proyectos con enfoques diferentes.
La iniciativa del Gobierno provincial privilegia un esquema institucional permanente basado en herramientas administrativas de prevención, coordinación entre organismos y recuperación del control estatal sobre los inmuebles.
En cambio, el proyecto presentado por el legislador radical Oscar Saliba pone el foco en la respuesta inmediata frente a los puntos de venta de drogas. La propuesta incorpora un registro georreferenciado de búnkeres, sistemas de vigilancia mediante domos y mayores facultades para que la Justicia pueda ordenar desalojos, señalizaciones y demoliciones de manera ágil.
Desde esa perspectiva, la eliminación física de los espacios utilizados por las organizaciones criminales constituye una herramienta de impacto directo para desarticular su funcionamiento.
La tercera propuesta, impulsada por Oscar Agost Carreño, introduce una mirada distinta. Si bien contempla la intervención sobre inmuebles vinculados al delito organizado -incluyendo narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y asociación ilícita-, plantea que la recuperación territorial no termina con el cierre o demolición del inmueble.
Por el contrario, sostiene que esos espacios deberían transformarse posteriormente en centros deportivos, culturales, educativos o comunitarios, acompañados por mecanismos de control legislativo y participación ciudadana para evitar que vuelvan a quedar bajo dominio de organizaciones criminales.
El debate de fondo: demoler, controlar o recuperar
La discusión parlamentaria excede la técnica legislativa y deja al descubierto tres concepciones diferentes sobre cómo enfrentar el avance del narcotráfico.
El oficialismo apuesta por fortalecer la capacidad institucional del Estado mediante mecanismos administrativos permanentes y una mayor articulación entre organismos públicos.
La oposición radical propone una política más orientada a la neutralización inmediata de las estructuras utilizadas para vender drogas, privilegiando la rapidez de la intervención judicial y la demolición como símbolo de presencia estatal.
La propuesta del PRO incorpora una dimensión que suele quedar relegada en las políticas de seguridad: qué sucede con esos barrios una vez que desaparece el búnker. Su planteo parte de una premisa concreta. Si el Estado sólo destruye la infraestructura utilizada por las bandas criminales, pero no transforma las condiciones sociales del territorio, el vacío puede volver a ser ocupado por las mismas organizaciones.
Un consenso político con diferencias de fondo
Todo indica que la Legislatura aprobará alguna versión de la Ley Antibúnker. El desafío del oficialismo será traducir el consenso general sobre la necesidad de combatir el narcomenudeo en una norma que logre integrar parte de los aportes opositores.
Pero el verdadero debate probablemente continúe después de la sanción.
La experiencia demuestra que la demolición de un inmueble no implica necesariamente la desarticulación de una organización criminal. Los puntos de venta suelen reubicarse rápidamente cuando persisten las condiciones sociales, económicas e institucionales que permiten su funcionamiento.
La discusión en Córdoba devela un interrogante que atraviesa buena parte de las políticas de seguridad en Argentina. Si la respuesta frente al narcotráfico debe limitarse a remover físicamente los espacios utilizados por las bandas o si, además, requiere una estrategia sostenida de recuperación urbana, presencia estatal e integración social que impida la reaparición del delito en los mismos territorios.
