La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca reformar el régimen de expropiaciones, acelerar los desalojos, modificar la Ley de Tierras Rurales y la de Manejo del Fuego. El Senado introdujo cambios al proyecto y aún resta su tratamiento en el recinto.
El Senado de la Nación se prepara para debatir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 27 de marzo que plantea una amplia reforma del régimen jurídico vinculado al derecho de propiedad en Argentina.
El texto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya obtuvo dictamen con modificaciones en comisiones, aunque su tratamiento en el recinto quedó pendiente luego de que la sesión prevista para el 25 de junio fuera suspendida por falta de quorum.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es fortalecer la protección de la propiedad privada, reducir restricciones que el Gobierno considera injustificadas y brindar mayor seguridad jurídica para las inversiones.
Expropiaciones: condiciones más estrictas para el Estado
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modificación de la Ley de Expropiaciones (Ley 21.499), vigente desde 1977.
La propuesta redefine el concepto de «utilidad pública», estableciendo que toda expropiación deberá justificar de manera específica el objetivo perseguido y demostrar que la medida es idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.
También introduce cambios en el esquema de indemnizaciones. Además del valor del inmueble y los daños directos, contempla el pago por lucro cesante cuando sea consecuencia inmediata de la expropiación. Asimismo, dispone que el valor del bien se calcule antes de la intervención estatal, con actualización por inflación y una tasa de interés comercial fijada por la Justicia.
Otra modificación relevante establece que el Estado sólo podrá tomar posesión del inmueble una vez abonada la totalidad de la indemnización correspondiente. Además, estas compensaciones quedarían exentas de impuestos y se fortalecería el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación en la determinación del valor de los bienes.
El Senado eliminó los cambios sobre barrios populares
Durante su paso por las comisiones, el Senado resolvió eliminar uno de los capítulos más cuestionados del proyecto.
La versión original derogaba artículos de la Ley de Integración Socio Urbana y habilitaba la posibilidad de desalojos inmediatos en barrios populares.
Sin embargo, esa modificación fue descartada. De esta manera, continúa vigente la suspensión de desalojos en los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) hasta octubre de 2032, así como el mecanismo que declara de utilidad pública los terrenos para avanzar con procesos de regularización dominial.
Manejo del fuego: cambios parciales a las restricciones
El proyecto también propone modificar la Ley de Manejo del Fuego.
Actualmente, la normativa impide durante 60 años cambiar el uso del suelo o comercializar determinados terrenos incendiados, especialmente en bosques nativos, humedales y áreas protegidas, con el objetivo de evitar maniobras especulativas.
La propuesta original del Ejecutivo eliminaba varias de esas restricciones para tierras rurales. No obstante, el Senado mantuvo la prohibición de modificar el destino de los bosques nativos incendiados, aunque aceptó flexibilizar parte de las limitaciones aplicables a tierras de uso rural, eliminando el plazo de 30 años que impedía su venta o cambio de uso.
Tierras rurales: más autonomía para las provincias
Otro de los capítulos incorpora modificaciones a la Ley de Tierras Rurales.
La legislación vigente limita la cantidad de tierras que pueden estar en manos de inversores extranjeros y establece topes tanto por nacionalidad como por superficie.
El proyecto oficial elimina esas restricciones generales, aunque el dictamen del Senado introdujo un cambio significativo: cada provincia podrá decidir si autoriza, regula o prohíbe la venta de tierras rurales a inversores extranjeros dentro de su territorio.
Por otra parte, la iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, organismos públicos o fondos soberanos adquieran tierras en Argentina. No obstante, prevé que el Poder Ejecutivo pueda autorizar excepciones cuando considere que la operación no representa riesgos para la seguridad, la defensa o la soberanía nacional.
Desalojos más rápidos y procesos digitales
El proyecto también reforma el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial con el objetivo de agilizar los procesos de desalojo.
Entre las principales modificaciones figura la incorporación del trámite sumarísimo, el procedimiento más breve previsto por la legislación procesal, para este tipo de causas.
Además, elimina la obligación de presentar una caución real para solicitar la restitución inmediata de un inmueble, reemplazándola por una declaración jurada del propietario.
En materia de alquileres, el texto original exigía que el propietario intimara al inquilino con tres días de anticipación antes de iniciar una demanda por falta de pago. El Senado extendió ese plazo a diez días.
Finalmente, la iniciativa impulsa una modernización de los registros de la propiedad inmueble mediante la digitalización de trámites, la reducción de plazos administrativos y una mayor integración entre los registros nacionales y provinciales.
Con las modificaciones incorporadas en comisión, el proyecto permanece a la espera de una nueva convocatoria para ser debatido en el recinto del Senado. Su eventual aprobación implicaría una de las reformas más amplias sobre el régimen de propiedad privada de los últimos años, con impacto en expropiaciones, desalojos, tierras rurales y gestión del suelo en todo el país.
