Prohibieron la aplicación de agroquímicos a menos de 1000 metros de zonas urbanas en Santa Fe
Vecinos de la ciudad de Sastre y Ortiz consiguieron que el máximo tribunal de la provincia del litoral ratifique una sentencia para la aplicación de la medida, luego de una batalla judicial de cinco años. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó una sentencia que prohibe la aplicación de agroquímicos a menos de […]
Por Ramiro Quintanilla | 11/27/2023
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Vecinos de la ciudad de Sastre y Ortiz consiguieron que el máximo tribunal de la provincia del litoral ratifique una sentencia para la aplicación de la medida, luego de una batalla judicial de cinco años.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó una sentencia que prohibe la aplicación de agroquímicos a menos de 1000 metros de zonas urbanas en Santa Fe.
La decisión se logró tras cinco años de litigios. En 2018, los vecinos presentaron un amparo ambiental colectivo debido a la proliferación de problemas de salud que adjudican a la fumigación con agroquímicos a pocos metros de la población, que motivó una sentencia favorable del juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail.
El fallo de la Corte Provincial de Santa Fe Hace unos días se dio tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el municipio y un grupo de productores agrícolas. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela también lo había rechazado.
La Corte santafesina se pronunció indicando que "resolvió confirmar la sentencia de primera instancia que, en lo que aquí resulta de interés, había hecho lugar a la acción de amparo colectivo ambiental, declarando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 9 segundo punto de la ordenanza municipal número 1174".
"La Corte Suprema provincial volvió a ratificar la sentencia judicial de 1.000 metros y además reconoció como válido el recurso de los vecinos de presentarse en un amparo ambiental colectivo porque entiende que se debe proteger el derecho a la salud, la vida y un ambiente sano, antes de que las cuestiones económicas".
Ainalén Viñuela, ciudadana de Sastre y Ortíz.
De esa forma, el máximo tribunal provincial dictaminó como válido que se establezca "un perímetro de exclusión o reserva de 1.000 metros a contar desde el límite de la planta urbana de la localidad de Sastre y Ortiz (Santa Fe) dentro del cual quedan prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos".
Si bien los productores que presentaron el recurso de inconstitucionalidad todavía pueden recurrir a la Corte Suprema de la Nación, el abogado Rafael Colombo, perteneciente a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, indicó que el fallo "está en plena vigencia".
"Ello va en la misma senda que la jurisprudencia que existe sobre el tema en todo el país y la región" indicó Colombo en declaraciones a Télam, con fallos que restringen o directamente prohíben fumigaciones con agroquímicos, privilegiando la protección de la salud humana y el ambiente.
En este sentido mencionó como antecedente los casos en Cañada de Gómez, San Jorge, Arequito, Rafaela y muchos otros distritos del país, todos de similares características al de Sastre y Ortiz.
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El caso tomó lugar en la agenda mediática cuando en 2018 Ainalén Viñuela fotografió desde la ventana de su casa a un "mosquito", como se llama a la máquina que aplica agroquímicos, que estaba fumigando en un campo de Sastre y Ortíz, en Santa Fe.
A partir de allí, comenzaron a realizar relevamientos en la población y "fueron impresionantes los casos de tiroides, malformaciones genéticas, embarazos interrumpidos, problemas de piel, de cáncer, entre tantos otros, que son provocados por los agroquímicos" expuso Viñuela.
A partir de allí, buscaron que se frene la aplicación de los agroquímicos por distintas vías. Primero mediante el Concejo Deliberante de la ciudad y luego en la Justicia.
En declaraciones a Télam, Ainalén Viñuela celebró que "la Corte Suprema provincial volvió a ratificar la sentencia judicial de 1.000 metros y además reconoció como válido el recurso de los vecinos de presentarse en un amparo ambiental colectivo porque entiende que se debe proteger el derecho a la salud, la vida y un ambiente sano, antes de que las cuestiones económicas".
Fuente: Télam.
