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Presentaron un proyecto para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño en Córdoba

Publicado por:Ramiro Quintanilla

El proyecto tiene estado parlamentario y fue presentado por el legislador Matías Chamorro, con quien conversamos. Actualmente, se trabaja desde una mesa de trabajo entre organizaciones de inquilinos, organizaciones que tratan la temática vivienda y hábitat, y legisladores para darle continuidad a la temática de alquileres y acceso a la vivienda.

En la Legislatura de Córdoba, y con estado parlamentario, se encuentra ingresado un proyecto para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño. Se trata de una normativa que responde a una problemática de los alquileres que afecta a una gran parte de la población cordobesa.

El proyecto ha sido ingresado varias veces en la Unicameral, incluso desde 2020 pero nunca ha sido tratado sobre tablas. La novedad al respecto es que se viene conformando una mesa de trabajo conjunta para coordinar acciones y poner en marcha iniciativas para dar respuesta a la grave situación que están atravesando las y los inquilinos.

Hace algunas semanas, se convocó al encuentro “Desayuno urbano: Diálogo entre organizaciones y parlamentarios por el hábitat”. Fue organizado por la Asociación Civil Inquilinos Córdoba, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE-CONICET), la Asociación de Vivienda Económica (AVE) y la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad, junto a los legisladores Mariano Lorenzo y Matías Chamorro.

Además de los organizadores mencionados participaron el equipo de Conflictos Urbanos de la Universidad Católica de Córdoba, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, la Asociación de Vivienda Económica, el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (FAUD – UNC) y la Cooperativa de Trabajo y Vivienda Felipe Varela.

Conversamos con el legislador Matías Chamorro acerca de la mesa de trabajo y de la iniciativa para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño en Córdoba.

«Nosotros la temática de alquiler la venimos llevando adelante desde principios del 2020, cuando estaba el contexto de la discusión nacional de la Ley Nacional de alquileres, que es competencia nacional. El vínculo con la organizaciones de inquilinos nos introdujo en las temáticas donde sí tenemos competencia provincial que básicamente es la regulación de la Ley de corretaje inmobiliaria, que incluye el tema de la comisión«.

En aquel momento se llevó adelante un estudio de la comisión inmobiliaria, respecto a las situaciones que se dan en las provincias. Surgió por ejemplo, que hay provincias donde la comisión la paga el sueño y no el inquilino; otras en donde se paga a medias; otras en donde el porcentaje de la comisión es menor a la que hay en Córdoba que corresponde a un 5% del contrato, etc.

En la Provincia, la ley establece que para determinar quien paga la comisión inmobiliaria debe acordarse entre el propietario y el inquilino, y en caso que no haya tal acuerdo, el inquilino debe hacerse cargo de los gastos. Eso lleva a que en el 99% de los casos, la comisión la pague el inquilino.

«Nosotros presentamos una modificación a la ley para aquellos casos de vivienda habitación o inmuebles destinado a hogar, para que la comisión la pague quien recurre a la inmobiliaria para poner sus bienes en alquiler, que son los propietarios», explicó Chamorro.

La iniciativa generó preocupación en el sector inmobiliaria quienes señalaron que su trabajo se vería afectado. Pero en realidad, la propuesta genera que la intermediación se mantenga, y además transparente la relación propietario-inmobiliaria, dónde las empresas en el cumplimiento del contrato ponen adelante los intereses de su cliente que son los dueños.

Mesa de trabajo

En Córdoba, la cuestión de los alquileres no se resumen a un proyecto para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño. Por el contrario, los nuevos datos del Censo 2022 reflejan varias problemáticas como la cantidad de viviendas no ocupadas por sus propietarios, o dispuestas para alquiler.

En Córdoba, el porcentaje de viviendas ocupadas por inquilinos o por no propietarios es del 41,3%.

«Se dan dos cosas: por un lado cada vez hay más personas que tienen que alquilar, o sea, tienen mayor dificultad para ser propietario de su casa; por otro, el alquiler cada vez insume mayor porcentaje de sus ingresos. Eso hace que el sujeto inquilino, sea un sujeto de derechos políticos y un actor social muy importante».

Matías Chamorro, legislador.

Ante esta coyuntura, surge la mesa de trabajo sobre vivienda y hábitat que se desarrolló el 18 de mayo, con el «Desayuno Urbano». En ese encuentro, surgieron algunos temas a trabajar. Entre los principales destacan que en Córdoba, la problemática no es la cantidad de viviendas sino la accesibilidad; la cantidad de viviendas ociosas; la construcción de viviendas como inversión y no con sentido habitacional; el problema del acceso a la vivienda propia, etc.

Según la gacetilla del encuentro, algunos de los temas a profundizar son los siguientes:
● En un complicado contexto económico y ante el crecimiento del parque habitacional evidenciado en la última década, se plantea que el eje del debate no se encuentra en el fomento a la producción de viviendas
sino en la implementación de estrategias que favorezcan un mayor acceso a la misma.
● El grave problema en torno al acceso se encuentra asociado a la dolarización de la vivienda y a la producción habitacional no con fines de solucionar el déficit habitacional, sino como forma de resguardo y dolarización de capitales.
● Vinculado a lo anterior, emerge la problemática de la vivienda ociosa como un punto fundamental a abordar.
● Frente a ello y ante la intrínseca relación que la vivienda posee con la problemática del acceso al suelo, urge promover participativamente una ley provincial de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta
errores y aciertos en experiencias similares en otras provincias.
● También es importante dar visibilización de la situación habitacional de emergencia en la que se encuentran grandes porcentajes de los hogares populares y de clase media de la provincia, particularmente los hogares inquilinos.
● Junto con ello es estratégico impulsar mecanismos que promuevan la cumplimentación de la ley de alquileres vigente.
● Entre ellos se consensuó la creación de un registro provincial de contratos de alquiler.
● Avanzar en una normativa que exija el pago de la comisión inmobiliaria a cargo de los propietarios.
● Promover formas de alquiler social en desarrollos inmobiliarios privados e iniciativas públicas.
● Tomar en cuenta la situación de sectores populares que se encuentran excluidos del sistema inmobiliario formal a fin de pensar estrategias adecuadas a su situación particular.
● Incorporar la perspectiva de género y la sostenibilidad como ejes transversales a las propuestas y al espacio.
● Promover políticas públicas de producción de suelo urbano para el acceso a las viviendas, ya sea para propietarios o para inquilinos con la participación de cooperativas, sindicatos, y/o organizaciones de la
sociedad civil en la construcción de las mismas. De esta forma, posibilitar la desconcentración de la producción de viviendas en los grupos desarrollistas y garantizando la dinamización productiva del
trabajo.
● Incentivar la coordinación entre municipios, provincia y nación en la materia.

Chamorro concluyó señalando la importancia de avanzar en la mesa de trabajo: «es un espacio en donde las organizaciones se están potenciando. Como objetivo queremos que se visibilice el espacio y que de ahí salgan propuestas concretas para los decisores que vienen, ya que vamos a tener la oportunidad tal vez de incidir un poquito más».

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