Por violencia simbólica, un abogado deberá capacitarse en género

Además, el Juzgado en lo Civil y Comercial y Familia de 1° Nominación de Río Tercero exigió a un progenitor demandado por cuota alimentaria que “respete la dignidad” de su exesposa.

Por Emi Urouro

El fallo pertenece a la jueza Romina Sánchez Torassa, quién además le ordenó al abogado interviniente que "se capacite en género" por sus expresiones de "visión androcéntrica intolerables en los tiempos actuales”.

Como ya mencionamos, la instancia judicial tenía como fin resolver una demanda por una cuota alimentaria en ese marco, la magistrada indicó que la manera en la que el progenitor pretendió justificar la improcedencia del reclamo constituía un “caso sospechoso de género”, y estableció que debía pagar lo reclamado.

¿Con que frases y argumentos intentó evadir la demanda? Mediante un escrito de contestación, sostuvo que su expareja reclamaba gastos de combustible, seguro y neumáticos del vehículo que “utiliza para salir de juerga con sus amigas/os”.

No solo sugirió que la suma de dinero era irracional, además, afirmó que la denunciante “vive de fiestas con amigas/os” y que “es asidua concurrente a boliches y fiestas”.

"Considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza la Sra. A." destaca la resolución de la jueza.

En relación al punto anterior, agrega que el trabajo asumido por la demandante, respecto al cuidado personal de sus hijas y las tareas cotidianas, muestra la distribución desigual de tareas de cuidado, ya que el progenitor puede emplear su tiempo libremente, para atender a sus necesidades personales. Trabajo que no fue reconocido en ningún momento.

La magistrada señaló que la conducta del progenitor representaba un supuesto de violencia simbólica prevista en el artículo 5, inciso 5, de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. También se refirió a los principios de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Dentro de la misma sentencia, Sánchez Torassa, indicó que para la presentación de sus pretensiones, el denunciado contó con asistencia letrada. Y aquí, el foco se puso en el abogado que al parecer carece de perspectiva de género.

En esa línea, ordenó al profesional a capacitarse en cuestiones de género, a fin de “internalizar los principios vigentes en la materia y modificar los patrones socioculturales de conducta para alcanzar la eliminación de los prejuicios y prácticas basadas en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Todo ello, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados”.

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Para profundizar el tema, nos comunicamos con Bárbara Juarez, abogada e integrante de la organización Feministas en Derecho UNC, quien resaltó que la jueza hizo una valoración muy precisa de las circunstancias del caso y tomó medidas al respecto.

"El Derecho, como lo conocemos y desde su origen, es patriarcal y, a pesar de que todos los poderes del Estado están obligados a nivel internacional a adoptar medidas concretas para erradicar la discriminación por motivos de género, hoy por hoy continúa siendo novedoso que esto ocurra. En el caso del Poder Judicial, lo es particularmente porque los tribunales son más reacios a actuar para desarmar los patrones socioculturales machistas que suelen reproducirse en las causas que llegan a su conocimiento"

Bárbara Juarez, abogada e integrante de la organización Feministas en Derecho UNC

La entrevistada destacó que en este caso, se hizo lugar al pedido de cuota alimentaria, teniendo en cuenta que son las mujeres quienes suelen asumir las tareas de cuidado y que ello puede constituir un límite a la hora de obtener ingresos económicos.

Por otra parte, no solo establece que el progenitor demandado debe respetar la dignidad de su ex esposa y reconocer el valor de las tareas cotidianas que ella realiza, sino que en el ámbito jurídico, la novedad se dio por que se ordenó la capacitación del letrado del hombre, y para Bárbara esto constituye sin dudas una forma de establecer ciertos límites razonables en relación a la actividad de las y los profesionales.

¿Qué repercusiones judiciales puede tener a futuro? Juarez explicó que si bien es un fallo de primera instancia y por lo tanto aún puede ser apelado por la parte demandada, es una sentencia que emite un mensaje aleccionador para quienes ejercen la profesión.

Es decir, se impide que bajo el pretexto de ejercicio de la defensa del propio cliente, se reproduzcan prácticas violentas o se formulen juicios ofensivos a la dignidad de la parte contraria. Esto quiere decir que, por supuesto que a las abogadas nos toca defender a padres demandados por el pago de alimentos, y desplegaremos los argumentos que mejor lo favorecen, pero esto no nos habilita a que utilicemos cualquier argumento, mucho menos cuando tiene una connotación machista y patriarcal.

Bárbara Juarez, abogada e integrante de la organización Feministas en Derecho UNC

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La abogada resaltó que quienes forman parte del campo jurídico se deben una reflexión en relación a las deficiencias y debilidades en su propia formación, particularmente en materia de género. Más aún en un contexto de creciente llamado de atención por parte de la ciudadanía por la ausencia de perspectiva de género en el Poder Judicial

Como mencionamos en la nota, la magistrada señaló que hubo violencia de simbólica en la estrategia judicial. Para la entrevistada, es importante que se reconozca dado que, muchas veces, es el primer eslabón de una cadena que legitima las prácticas patriarcales y cuyo final, en el peor de los casos, puede desembocar en el femicidio.

Bárbara comentó que al ser invisibilizada y tolerada, la violencia simbólica perpetúa un orden que legitima la violencia estructural contra las mujeres. En esa línea, fue concisa: "hablar de violencia simbólica en una sentencia judicial, implica dar cuenta que el derecho, si bien puede ser opresivo para las mujeres, también tiene la potencialidad de ser emancipador".