Venció el plazo de reubicación para 800 trabajadores y trabajadoras de planta permanente del Ministerio de Capital Humano. No recibieron capacitación ni propuestas de reubicación, por lo que desde ATE denuncian que se trata de despidos encubiertos.
Este 15 de septiembre, venció el plazo de reubicación para 800 trabajadores y trabajadoras de planta permanente del Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social y SENAF).
Se trata de personas que pertenecen a planta permanente, principalmente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. En marzo, la ministra Sandra Pettovello les comunicó con un mail que habían sido pasados a disponibilidad, en aplicación de la Ley Bases, que habilitó al gobierno de Milei a prescindir de trabajadores del Estado.
Desde entonces, aunque a los prescindidos les indicaron «mantenerse accesibles en su horario laboral», transcurrieron seis meses sin que los convocaran a formarse para cumplir otras funciones ni los reubicaran en nuevos puestos.
Tras seis meses en el Registro de Disponibilidad, no recibieron capacitación ni propuestas de reubicación para cumplir otras funciones, pero se les indicó que debían «mantenerse accesibles en su horario laboral».
Desde ATE denuncian que se trata de un despido encubierto y que el procedimiento incumple la Ley Bases impulsada por el propio Gobierno nacional. “La Ley Bases le habilitó al gobierno hacer esto, con el argumento de que, para optimizar el recurso humano, los trabajadores podrían ser reubicados. Pero no hubo optimización sino puro despido”.
La Junta Interna de ATE del ministerio advirtió que la mayoría del personal afectado cuenta con entre 15 y 30 años de experiencia en la gestión pública.
A su vez, señalan que, el registro de disponibilidad fue publicado en el Boletín Oficial hace apenas un mes, sin tiempo suficiente para completar el trámite, que suele demorar al menos tres meses.
Te puede interesar: La oposición prepara sesión para rechazar vetos de Milei a las leyes de salud y universidades
Las resoluciones 126/2025 y 130/2025 son el marco normativo que posibilita estos despidos. ATE presentó una medida cautelar y pidió al Congreso que trate un proyecto de ley para frenar la medida. “Bajo el discurso del ‘déficit cero’, se esconde un brutal recorte de presupuesto dirigido a las políticas sociales federales, desarticulando áreas claves para la asistencia y el desarrollo de nuestro pueblo”, denunciaron.
Desde Córdoba, la secretaria de Género de ATE señaló que el proceso fue “desprolijo y perverso”. Recordó que la comunicación inicial se realizó en marzo vía correo electrónico, sin firma de funcionario ni precisión administrativa. Además, denunció que el registro de disponibilidad no existía al momento de la notificación: “Lo instrumentaron recién hace menos de tres meses y lo publicaron en el Boletín Oficial. Eso dejó a los compañeros sin tiempo para realizar el trámite”.
En la provincia, los despidos afectan a personal con al menos diez años de antigüedad en la administración pública, aunque muchos concursaron y pasaron a planta permanente recién en 2022 y 2023. Esto implica que, en caso de efectivizarse las cesantías, las indemnizaciones serían equivalentes a un solo año de trabajo.
“Es de una crueldad terrible: son compañeros con experiencia en asistencia social, en gestión administrativa y en el uso del sistema GDE, que hoy es fundamental en organismos como PAMI y ANSES. Toda esa capacidad se pierde”, lamentó la dirigente María Spaventa, secretaria de Género de ATE Córdoba.
El recorte no solo significa despidos sino también la interrupción de políticas públicas esenciales. “En el Estado no sobra nadie. Faltan políticas públicas. Esto se traduce en mayor desprotección de sectores vulnerables: personas con discapacidad, infancias, adultos mayores y pacientes con enfermedades graves”, advirtieron.
Esta semana se realizaron jornadas de lucha en Córdoba, Capital Federal y otras provincias. El gremio continúa en estado de asamblea permanente a la espera de que la Justicia frene el proceso. “No logramos impedir el desguace de los organismos, pero vamos a seguir peleando para recuperar esos puestos de trabajo y las políticas sociales que garantizan derechos”, concluyeron desde ATE.
