Plantearon la “inconstitucionalidad” de la ruta que quiere construir la Provincia en Traslasierra

Además de la acción de inconstitucionalidad, por los daños ambientales que produciría este proyecto, los vecinos y vecinas transerranas pidieron una medida cautelar que suspenda toda acción hasta tanto la Justicia resuelva el proceso.

En octubre de 2019, la Legislatura de Córdoba aprobó un proyecto de ley para expropiar más de 400 hectáreas de bosque nativo. Allí, la Provincia prevé construir de la nueva traza de la ruta E- 34 que busca unir las localidades de Mina Clavero y Villa Dolores.

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Desde que se presentó este proyecto, las asambleas ambientales de Traslasierra se opusieron debido al impacto negativo que esto generaría en el ecosistema. Además, sostienen que aún está en uso la centenaria ruta provincial S 307 (Camino de Altautina), que siempre se consideró alternativa factible para conectar ambas ciudades, permitiendo así la accesibilidad de pueblos hasta ahora prácticamente aislados con impacto ambiental considerablemente menor, dado que ya existe y se usa.

Mediante un comunicado, la “Asamblea SI a la ruta, NO por el monte” explicaron:

“El pedido se basa en el convencimiento de que esta ley y su anexo están marcadamente viciados, es decir, no respetan las leyes nacionales y provinciales, e incluso ordenanzas municipales, anteriores a las mismas. ¿Por qué? En principio, la nueva traza supone el desmonte de hectáreas de bosque nativo de categoría I (rojo) y II (amarillo) según la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26331. Al mismo tiempo, que atenta contra patrimonio cultural y arqueológico protegido por la Ley de Yacimientos Arqueológicos N° 25743 y la Ley N° 26305”

Por otro lado, la organización ambiental advierte que el proyecto no cumple con los estandartes de la Ley General de Ambiente -replicados en la ley provincial 1208- de precaución y prevención, de sustentabilidad y equidad intergeneracional y de progresividad y no regresión en materia de derechos.

Por todo estas razones, decidieron presentar una acción de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar para “no innovar hasta tanto recaiga una sentencia firme en este proceso”.

Por Cristian Dominguez

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