Piden al Gobierno de Córdoba que actualice la ley de acceso a la información pública

La normativa actual está vigente desde 1999 y, si bien para el momento en que se sancionó significó un gran avance, hoy en día “ha quedado desactualizada”.

Casa de Gobierno de Córdoba.

Organizaciones sociales como la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) piden al Gobierno de Córdoba que actualice su Ley de Acceso a La Información Pública. En tanto, sugieren como indispensable que siga lo estándares internacionales y de la ley nacional.

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La normativa actual está vigente desde 1999 y, si bien para el momento en que se sancionó significó un gran avance, hoy en día “ha quedado desactualizada”.

Sobre esto, Fundeps destacó tres falencias:

  • Es una ley de 10 artículos que en su mayor medida se limita a establecer el procedimiento para acceder a la información pública y omite regular el derecho de acceso a información de forma integral, de modo que se asegure su efectivo cumplimiento.
  • No enuncia, más allá del principio de “publicidad de los actos de gobierno”, otros principios claves a los fines de garantizar el derecho de acceso a la información pública a cualquier persona.
  • Define de forma muy limitada “información pública” como “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo o a las actas de reuniones oficiales”.
  • Contiene un número limitado de sujetos obligados a brindar información: en cuanto al Poder Judicial, lo restringe a su actividad administrativa y no contiene entes que reciban fondos públicos (como partidos políticos o sindicatos) o sean contratistas del Estado para brindar un servicio público.

Previendo una actualización, Fundeps sostiene que la Provincia debe apegarse a la Ley Interamericana lanzada en 2010 por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Ley Nacional de Información Pública promulgada en 2016.

En este marco, las recomendaciones que acordaron las organizaciones para la Provincia son:

  • Reconocer el derecho de acceso como un derecho humano. Como se planteó al principio, este derecho permite efectivizar todos los otros derechos humanos.
  • Contemplar los principios de que rigen en la materia, tal cual se reconocen en la ley nacional.
  • Ampliar la definición de Información Pública como “todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados (…) generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”.
  • Ampliar los Sujetos Obligados a brindar información. En analogía con la ley nacional, debería incluirse los tres poderes, los organismos autónomos y toda entidad que reciba fondos o beneficios públicos.
  • Establecer un sistema de sanciones e incentivos.
  • Institucionalizar mecanismos de cumplimiento y supervisión de la ley, a través de la creación de una entidad análoga a la Agencia de Acceso a la Información Pública.
  • Transparencia proactiva. Dedicar un apartado a la información que debe ser proac�vamente publicada por el Estado y los sujetos obligados que considere.

Todas las críticas y sugerencias que emitieron las organizaciones al Gobierno provincial se basan en entender el acceso a la información pública como parte de los derechos humanos. En tanto, su ejercicio fortalece la participación ciudadana, la transparencia de la gestión pública y, por ende, la gobernabilidad democrática.

Por Cristian Dominguez

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