Organizaciones piden la continuidad de la política de integración socio urbana de barrios populares

La Mesa Nacional de Barrios Populares manifestó su preocupación por las modificaciones que introduciría la Ley Ómnibus.

Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional de Barrios Populares (TECHO, Cáritas Argentina y UTEP) trabajan desde hace años en la construcción de una política pública a largo plazo que permita el acceso a una vivienda digna a 1.200.000 familias argentinas.

Mediante un comunicado, manifestaron: "Desde 2016 participamos del diseño y ejecución de una política de Estado que ha generado mejoras impostergables con obras de infraestructura en la mayoría de los 6.467 barrios populares identificados por el RENABAP".

"Se frenaron desalojos, se relevaron a las familias para que accedan a su Certificado de Vivienda Familiar y se llegó a más de 250.000 familias con conexiones a servicios básicos, mejorar miles de viviendas y escuelas, construir plazas, espacios deportivos y comunitarios a través del trabajo de las cooperativas conformadas por miles de vecinos y vecinas".

Asimismo, resaltaron que dicha política se sostuvo por las dos últimas gestiones de gobierno. "Fue reconocida internacionalmente en materia de derechos humanos y hábitat. Se basa en dos leyes votadas y aprobadas por casi unanimidad en ambas Cámaras, en 2018 y 2022".

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Con las modificaciones impulsadas por Ley Ómnibus, esta política de Estado se encuentra en peligro.

"En particular, el artículo 211 y el artículo 6, los que plantean, por un lado, la eliminación de la asignación específica al financiamiento de la política de integración socio urbana - hoy es del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS (inciso b del Artículo 42 de la Ley 27.541) - y, por otro lado, se prevé la supresión de los fideicomisos públicos".

Para la Mesa Nacional de Barrios Populares no es viable un desarrollo de acciones que mejoren los barrios populares sin la herramienta de financiamiento que se ha logrado instituir, "tanto por la eficacia como también por la fuente del Impuesto PAIS, que ha demostrado ser una herramienta eficaz en el financiamiento de esta política. Tampoco sería viable si se continúan desarmando los equipos técnicos con expertiz en la ejecución de los programas abordados por la Secretaría".

Es por ello que le proponen a los diputados, senadores y al presidente Javier Milei, que eliminen el artículo 211 de la Ley Ómnibus, "para así sostener el actual financiamiento del 9% con destino al Fondo de Integración Socio Urbana y, por otro lado, el mantenimiento del Fideicomiso como herramienta de gestión de la política pública".

"No podemos dar marcha atrás ni retroceder con estas conquistas esenciales para los derechos de tantas familias, la única forma de revertir la exclusión estructural es con obras concretas en los barrios populares", finalizaron.