Ariel Lijo enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción. Por su parte, Manuel García-Mansilla ostenta una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil y académicas rechazan la candidatura de Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN). Esto se debe a los antecedentes de dichos juristas.
Desde Gides (Grupo de Investigación en Derechos Sociales), Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Argentina se presentaron ante el Ministerio de Justicia de la Nación para exponer los motivos por los que consideran que los candidatos para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, no cumplen con las condiciones requeridas para integrar el máximo órgano de justicia de Argentina.
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como principal garante de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho, solo puede ser integrada por personas cuya trayectoria refleje una sólida idoneidad e independencia, así como un firme compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos», expresaron las organizaciones.
Candidato Ariel Lijo
El juez enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias.
Además, las organizaciones enfatizan que «carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura».
Candidato Manuel García-Mansilla
Desde Fundeps, CDD y GIDES, advierten que Manuel García-Mansilla tiene una postura ideológica que podría afectar la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
«Durante su trayectoria, ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También ha expresado su oposición al derecho al aborto, incluso en aquellos casos en donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación al máximo órgano de justicia de la Nación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes», denuncian.
Ante este panorama, manifestaron su «más profunda preocupación por la flagrante falta de representación de diversos sectores de la sociedad en la potencial composición de la Corte Suprema». Para las organizaciones, la inclusión de nuevos miembros debería reflejar la diversidad de género y de especialización temática y regional, para asegurar una representación federal.
