La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no puede leerse como un hecho administrativo más. Tampoco sus más de 900 ataques al periodismo en redes sociales durante un solo fin de semana. Se trata, más bien, de una trama coherente: una política que articula discurso y acción para disciplinar a quienes informan.
La decisión se aplicó de forma sorpresiva: trabajadores y trabajadoras de prensa se enteraron en la puerta de Balcarce 50 que no podían ingresar a cumplir con sus tareas habituales. Personal de seguridad controlaba listas y definía quién podía acceder y quién no, sin notificación previa ni plazos claros de la restricción.
Según la versión oficial, la medida sería “preventiva” y apunta a medios señalados por su supuesta vinculación con una campaña internacional de desinformación. Sin embargo, el Gobierno evitó precisar criterios, listados completos o tiempos de duración, lo que abre interrogantes sobre la arbitrariedad de la decisión.
Entre los medios cuyos periodistas fueron vetados figuran Tiempo Argentino, FM La Patriada, El Destape, A24, Ámbito Financiero y C5N. Incluso se conocieron nombres propios de trabajadores de prensa que quedaron afuera de la Casa Rosada por decisión directa del Gobierno.
Este recorte material del acceso a la información se articula con otro plano: el simbólico. Allí, el presidente despliega una narrativa sistemática de ataque, deslegitimación y estigmatización del periodismo.
El odio como política
La filósofa Sara Ahmed ofrece herramientas clave para entender este fenómeno. En La política cultural de las emociones, plantea que el odio no es solo una emoción individual, sino una fuerza política que circula socialmente y produce efectos concretos.
En este caso, el discurso presidencial no se limita a expresar enojo: construye un “otro” —el periodismo— como enemigo. Así, la crítica o la investigación periodística dejan de ser parte del debate democrático y pasan a ser interpretadas como ataques.
Si un medio de comunicación denuncia la compra de departamentos con fondos dudosos de Manuel Adorni, los libertarios dicen que es una operación para desestabilizar la gestión de Milei…Si se defiende la Ley de Glaciares, para el Presidente los periodistas son unos “ensobrados”.
La circulación de afectos
Ahmed sostiene que el odio funciona como un “pegamento” afectivo: une a ciertos sectores mientras separa a otros. En el caso argentino, los ataques constantes al periodismo operan como un mecanismo de cohesión hacia adentro del oficialismo.
El mensaje es claro: hay un “nosotros” —’la gente de bien’, los seguidores— y un “ellos” —los periodistas— que serían responsables de distorsionar la realidad o conspirar contra el Gobierno.
Esta lógica no solo organiza el discurso en redes sociales, sino que se traduce en decisiones concretas, como el veto a determinados medios. La exclusión física de la Casa Rosada es la materialización de esa frontera simbólica.
La construcción de la amenaza
Otro concepto central en Ahmed es el de la construcción de la amenaza. Los discursos de odio no solo diferencian, sino que atribuyen peligrosidad al “otro”.
En este caso, el Gobierno justificó las restricciones señalando una supuesta “campaña de desinformación” o incluso vinculaciones con operaciones externas financiadas por Rusia. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas públicas ni criterios transparentes.
Así, el periodismo crítico queda ubicado en el lugar de lo sospechoso, lo dañino, lo que hay que controlar. Bajo esta lógica, limitar su acceso no aparece como censura, sino como una forma de “defensa”.
El odio que se nombra como amor
Ahmed también advierte sobre una operación frecuente: los discursos de odio se presentan como discursos de amor. Amor a la patria, al pueblo o a la verdad.
Si entrás a las redes del presidente Javier Milei, mínimo, los últimos 20 posteos agreden el oficio de las y los periodistas.
Los ataques suelen enmarcarse en la defensa de “la gente” frente a supuestos privilegios o manipulaciones mediáticas. De este modo, la agresión se reconfigura como una forma de cuidado.
Pero ese “amor” tiene consecuencias concretas: legitima la exclusión, habilita la violencia simbólica y erosiona las condiciones para el ejercicio del periodismo.
De la palabra a la práctica
Lo que podría parecer una escalada discursiva encuentra su correlato en políticas específicas. El veto a periodistas no es un hecho aislado, sino la extensión institucional de una narrativa previa.
Cuando el poder político define quién puede preguntar y quién no, no solo afecta a trabajadores y trabajadoras de prensa. Limita, también, el derecho de la sociedad a estar informada.
Una democracia en tensión
La relación entre el Gobierno y el periodismo atraviesa uno de sus momentos más críticos. La combinación de estigmatización pública, ataques sistemáticos y restricciones concretas configura un escenario preocupante.
Desde la perspectiva de Ahmed, no se trata solo de un conflicto político o mediático. Es una política de las emociones: una forma de organizar el campo social a partir del odio, construyendo enemigos y justificando su exclusión.
La pregunta ya no es sólo qué dice el Gobierno sobre el periodismo, sino todo lo que se quiere ocultar detrás de esa violencia contra el derecho a la información.
