“Necesitamos un gobierno abierto en tiempos de pandemia”

El Colectivo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto de Argentina elevó una carta a distintos niveles del Estado. En ella, expuso algunas recomendaciones sobre cómo llevar adelante un gobierno transparente y participativo en tiempos de pandemia.

Desde el Colectivo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto de Argentina, se difundió una carta dirigida a distintos niveles del gobierno argentino. En ella, se deja en claro la necesidad de un Estado que “tenga en cuenta políticas de transparencia, participación y colaboración”. Este pedido se enmarca en el contexto sanitario actual.

En su comunicado, el colectivo interpela tanto al gobierno nacional y los provinciales, como a los municipales. También incluye en su pedido al legislativo y al judicial. Enmarcados en la actual pandemia, “los principios de gobierno abierto deben ser considerados como parte necesaria de la solución”, detalla la carta.

El acceso a la información como primera medida

Como primera iniciativa para lograr un gobierno abierto, el colectivo hace hincapié en el acceso a la información. El Estado debe garantizar el acceso a la información pública, de modo que los ciudadanos conozcan sobre las políticas públicas de emergencia. Para esto, es necesario el acceso de toda la población a datos sobre medidas sanitarias, uso de recursos públicos, etc.

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Fuente: Observatorio Regional de Cepal

En segundo lugar, existe una necesidad de que todas las instituciones públicas estén funcionando. Ya sea de manera remota o no, el colectivo considera necesario que órganos como el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y los poderes judiciales nacionales y provinciales desarrollen sus funciones.

“Los poderes legislativos y judiciales tienen funciones indelegables que deben ser retomadas a la brevedad”, explica el comunicado. A la vez, la participación ciudadana es un concepto central en este pedido. Para buscar las soluciones a lo que la gente demanda, se los debe escuchar; sobretodo a los grupos que generalmente son excluidos.

“El proceso de formación e implementación de las políticas públicas debe estar basada en evidencia y en la escucha activa de la ciudadanía como insumos básicos para llegar a las decisiones más inclusivas posibles”, detalla la carta del colectivo.

Los derechos civiles como prioridad

Sin embargo, el texto en cuestión le presta especial atención a los derechos civiles. Entorno a ellos, plantea que las medidas sanitarias a implementar no deben dañar este tipo de derechos. Esto tiene que ver con el derecho a la intimidad o a la libertad de expresión, sobre todo en contextos digitales. Uno debe poder usar medios digitales sin interferencia de instituciones públicas.

Finalmente, en este texto se habló de corrupción, tomando como base fundamental la lucha contra la misma. De esta manera, se aseguraría que los recursos económicos se destinen exclusivamente a la erradicación del virus y las exigencias de la pandemia. La información sobre qué se hace con los recursos económicos del Estado debe ser accesible para todos los ciudadanos.

Por Carmela Laucirica

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