El Gobierno nuevamente arremetió contra los sectores más vulnerables de la población, dejando a miles de personas con discapacidad sin pensión.
Nación recortó más de 200 mil pensiones por discapacidad, luego de una masiva auditoría que afectó en una primera instancia a 300.000 beneficiarios, polémica tanto por sus formas como por sus criterios discriminadores a la hora de abordar la discapacidad.
La subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, habló sobre la preocupación respecto al recorte que realizó el mes pasado la Nación, dando de baja a 200 mil pensiones por discapacidad, entre las cuales se encuentran las de salud mental.
En diálogo con Radio Splendid AM 990, Calmels aseguró que la actitud del Gobierno Nacional fue cruel porque el cese de las pensiones se llevó adelante de manera masiva y arbitraria, sin un previo análisis de cada caso en particular.
“Se tomó una decisión masiva y de falta de responsabilidad que es la revisión de todas las pensiones. El método que decidieron tomar es cruel, redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta”, expresó la subsecretaria.
La revisión de las pensiones fue a través de una auditoría en donde se convocó a 300.000 beneficiarios, de forma absolutamente desconsiderada y desorganizada, ocasionando enormes filas.
El proceso mismo de auditoría, en su masividad, deseo de ajustar lo más posible al sector y criterios médicos del siglo pasado (que incluso terminaron en el despido de una funcionaria menor de ANDIS por el comunicado que hablaba de discapacitados mentales como «idiotas» e «imbéciles»), estuvo desde sus inicios plagado de estigmatización contra las personas con discapacidad.
Nación en efecto llevó adelante el desguace que pretendía y el resultado fue que 200 mil de esas 300.000 pensiones por discapacidad fueron dadas de baja.
Desesperante ahogo del sistema de salud
La subsecretaria Calmels indicó que la problemática que se instaló luego de esta medida “es realmente desesperante” porque impacta de una forma “muy seria” en el sistema de salud público: “Es una situación de ahogo por todos lados”, añadió.
Desde el Nación justificaron la baja de pensiones por discapacidad con el argumento de que la auditoria realizada detectó irregularidades y que hubo titulares que no se habrían presentado a la citación del Ministerio de Salud para auditar el beneficio, por lo cual automáticamente se les revocó.
Calmels concluyó que toda la situación «es humillante y el único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido».
