La muerte de un joven de 19 años tras ser detenido por la Policía provincial no es un hecho aislado. El caso expone prácticas reiteradas de hostigamiento, control territorial y producción de “sospechosos” que configuran formas concretas de violencia institucional.
En la noche de este lunes 27 de abril se confirmó la muerte de Tomás Orihuela, de 19 años, quien permanecía internado en el Hospital Eva Perón de la ciudad de Córdoba. Horas antes se había declarado su muerte cerebral. La información fue dada a conocer por la abogada de la familia, Marta Rizzotti, quien sigue de cerca una causa que ya involucra a cinco efectivos policiales.
Orihuela había sido detenido dos veces en menos de 48 horas por hechos que, según trascendió, ya estaban resueltos: uno en Entre Ríos y otro en Córdoba. Su última aprehensión fue el sábado pasado. La versión oficial indica que el joven se habría ahorcado con un buzo dentro de la Comisaría Nº 6, en barrio General Paz.
Tras ese episodio, fue trasladado al Hospital Córdoba y luego derivado al Hospital Eva Perón, donde finalmente se produjo su fallecimiento. “La autopsia va a hablar”, señaló la letrada, mientras la fiscal Silvana Fernández avanza con el análisis de cámaras de seguridad y teléfonos celulares de los agentes involucrados.
No obstante, más allá de lo que determinen las pericias, el caso interpela una dimensión estructural: ¿qué condiciones hacen posible que un joven termine muerto dentro de una comisaría?
La violencia institucional no se reduce a episodios excepcionales. Se inscribe en prácticas cotidianas de control sobre determinados cuerpos. En Córdoba, las detenciones reiteradas, los procedimientos discrecionales y la construcción policial de la “sospecha” suelen recaer sobre jóvenes de sectores populares, configurando circuitos de persecución que no siempre dejan registro formal, pero sí marcas profundas.
El dato de las dos detenciones en 48 horas no es menor. Lejos de tratarse de un error aislado, puede leerse como parte de una lógica de hostigamiento donde la circulación de ciertos jóvenes se vuelve objeto de vigilancia constante. De este modo, la comisaría deja de ser un espacio de resguardo institucional para convertirse en un territorio de riesgo.
La versión del supuesto suicidio -recurrente en casos de muertes bajo custodia- también forma parte de un repertorio conocido. Sin mecanismos de control independientes y sin transparencia en los procedimientos, estas narrativas oficiales tienden a clausurar el conflicto antes de que pueda ser plenamente investigado.
La reacción de familiares y allegados en el Hospital Eva Perón, donde se registraron incidentes con la Policía tras conocerse la muerte, es la expresión de una relación profundamente deteriorada entre amplios sectores sociales y las Fuerzas de Seguridad, atravesada por experiencias previas de abuso, desconfianza y desprotección.
La muerte de Tomás Orihuela irrumpe como continuidad. Ocurre en una trama donde la violencia policial no es un desborde. Es una práctica que se ejerce de manera diferencial sobre ciertos cuerpos.
