El Gobierno nacional profundizó su plan al bloquear dos normas clave en salud y educación, bajo el argumento del “equilibrio fiscal”. La tensión con los gobernadores crece mientras se define el futuro de los Aportes del Tesoro Nacional.
El presidente Javier Milei firmó, junto a todo su gabinete, el decreto que veta por completo la Ley de Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan, en una decisión que se suma al rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas medidas, publicadas en el Boletín Oficial, se justifican en la necesidad de preservar el “equilibrio fiscal” y evitar lo que el Gobierno considera un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
Los fundamentos del veto
El decreto sostiene que la norma sancionada en el Congreso implicaría un impacto fiscal directo de $115.030 millones destinado a recomposición salarial, monto que, según el Ejecutivo, debería financiarse con reasignaciones del presupuesto del Ministerio de Salud y reservas para contingencias, lo que “inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes”.
Para dimensionar el costo, la Casa Rosada lo comparó con “un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales, o un año y medio de financiamiento de la DINADIC”.
El texto remarca que el proyecto “carece de financiamiento genuino”, fomenta “distorsiones salariales”, “erosiona la coparticipación federal” y “pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y las provincias”.
“Nuevamente, el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal”, concluye el decreto.
Clima político y presión de las provincias
El veto al Garrahan y la negativa al financiamiento universitario llegan en un momento complejo para la administración libertaria, tras la derrota frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, donde Milei perdió por 13 puntos.
La Casa Rosada intenta recomponer su estrategia política con algunos gestos hacia los gobernadores:
- Mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos.
- Designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, leída como una señal de apertura hacia las provincias.
Sin embargo, los mandatarios provinciales, que avanzan con la alianza Provincias Unidas, exigen negociaciones “en serio” y advierten que se sienten fortalecidos.
En este contexto, la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se postergó hasta última hora del viernes, lo que mantiene en vilo a las gobernaciones.
Milei, sin concesiones
Lejos de mostrar flexibilidad, el presidente ratificó su rumbo en redes sociales:
“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico: equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, afirmó en X.
La intransigencia fiscal genera ruidos internos en la gestión, donde algunos sectores presionan por mayor pragmatismo político para evitar nuevos traspiés legislativos. Mientras tanto, las áreas de salud y educación se convierten en el nuevo epicentro del ajuste.
