El 20 de octubre de 2026 es la fecha fijada para el debate de la causa Gutiérrez, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 70 víctimas. Los avances judiciales se lograron tras años de lucha de organismos de DDHH.
Durante años, organismos de Derechos Humanos junto a familiares de las víctimas y querellantes de la ciudad de Río Cuarto lucharon para que se eleve a juicio oral y público la Causa Gutierrez, con la que se denomina a la investigación judicial por una serie de crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 70 víctimas, cometidos entre 1975 y 1978 en la ciudad de Río Cuarto y zonas aledañas al sur de Córdoba, efectuados por fuerzas de seguridad, parapoliciales y militares.
Finalmente tras la larga espera la Justicia Federal de la provincia dispuso que el 20 de octubre tendrá lugar el debate de esta causa, que tiene 24 ex militares y ex policías imputados.
Megacausa del sur cordobés
Los delitos juzgados son 62 hechos de secuestros, torturas, tormentos seguidos de muerte, homicidios y delitos contra la integridad sexual cometidos en diversos Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: el Batallón de Arsenales de Holmberg y la Jefatura de la Policía Provincial, entre otros.
La causa debe su nombre al teniente coronel Hermes Gutiérrez (ya fallecido), jefe del batallón de Holberg y quien dirigió la represión ilegal en la región y dio amparo a bandas parapoliciales de la Triple A.
La mayoría de las víctimas eran estudiantes, docentes o personal de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Muchos eran integrantes de la Juventud Peronista (JUP) de esa Universidad, militantes del Peronismo de Base e integrantes de organizaciones políticas de izquierda.
El querellante Daniel Olartecochea dijo al medio Tiempo Argentino: “Por la cantidad de víctimas e imputados, podemos hablar de una megacausa sobre la represión ilegal en el Sur de Córdoba”. Olartecochea se exilió en 1975 pero volvió a vivir en Argentina en 2013. Desde entonces trabaja por llevar a juicio a los responsables de la represión en Río Cuarto.
La primera persona que quiso llevar estos crímenes a la Justicia fue la escritora y Madre de Plaza de Mayo Susana Dillon, quien presentó una lista de desaparecidos y un pedido de constituirse en querellante. Los genocidas desaparecieron a su hija embarazada, Rita Ales, y a su yerno, Gerardo Espíndola. Dillon pudo recuperar y criar a su nieta.
La Madre de Plaza de Mayo falleció en 2012, pero su accionar dio inicio a un largo camino de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Río Cuarto que en el año del 50° aniversario del golpe de Estado finalmente verá la luz.
Los imputados
El personal del Ejército acusado incluye a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany; al exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz; al ex sargento Miguel Ángel Pérez; a los exmayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro; a los exsuboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz; y a Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez.
Los policías provinciales imputados son los excomisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli; el exsargento primero Daniel Di Santo; el suboficial principal Juan Carlos Nieto; y Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez.
Los ex policías federales acusados son los excomisarios Carlos Jesús Reguerisa y Carlos Miguel Tronchín; el excabo Roberto Ernesto González Fossat; y Ramón Alfredo Navarro.
La lista de acusados incluye integrantes de la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Regional Sur (URS) de la Policía de Córdoba imputados por primera vez en crímenes de lesa humanidad. También están imputados integrantes del Departamento de Informaciones (D2); de las secciones 1° y 3° del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército; y personal militar integrante del Regimiento de Infantería Aerotransportada N°2 y de la Policía Militar que cumplía funciones en la Unidad Penitenciaria N°1 de la ciudad de Córdoba.
Por algunos hechos fueron imputados integrantes del Estado Mayor del Comando de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, que integran el Estado Mayor de la Jefatura del Área 311, y el jefe de la Sub Área militar 3115 (Río Cuarto), que posteriormente pasó a denominarse Área 315.
Los que murieron sin ser juzgados
Algunas de las víctimas sobrevivieron y denunciaron los crímenes, pero no hay constancia de que se hayan iniciado actuaciones para investigar los delitos, lo que evidenciaría el encubrimiento de los funcionarios judiciales que actuaron en esa época, quienes fallecieron sin ser juzgados.
En uno de los casos, el del matrimonio de docentes universitarios Ernesto Silber -asesinado en la tortura- y Juana Josefa Chessa, se visibiliza la complicidad civil en la última dictadura cívico-militar. Según la fiscalía, Silber se encontraba en dependencias de la universidad y fue secuestrado en base a información proporcionada a los genocidas por el entonces director de Despacho General de la UNRC, Raúl Antonio Ponce Schmiedecke, quien vinculó a Silber la organización “Montoneros”.
Ponce pedía legajos de personas para entregar la información a represores, que procedían a secuestrar, torturar y hacer desaparecer a las y los señalados. Hoy el ex director tiene 89 años y se encuentra impedido física y mentalmente de afrontar un juicio.
Estos casos ponen de manifiesto la pata civil de la dictadura: el aparato represivo solo pudo funcionar con la complicidad directa y el silencio de una parte importante de la sociedad argentina. La mayoría de las veces los cómplices civiles murieron sin ser juzgados o, como Ponce, continúan vivos e impunes al día de hoy.
