El Gobernador Martín Llaryora marcó distancia con Milei y recibió a representantes del sector de discapacidad en el Centro Cívico.
El Gobernador Martín Llaryora y legisladores cordobeses rechazaron el veto del Presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad y reafirmaron su compromiso a sostenerla con sus votos.
El gobernador Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, se reunieron en el Centro Cívico con representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
En este encuentro, las y los representantes expusieron ante los legisladores nacionales de Hacemos Unidos la urgencia de declarar la ley de emergencia para este sector.
Fruto de la reunión, lograron contar con con el compromiso del bloque legislativo y de Llaryora —quien dijo que «como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito»— para rechazar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad.
En relación al veto, Llaryora dijo: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.
Las y los legisladores que prometieron sostener la ley con su voto fueron Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes asistieron al encuentro presencialmente, así como Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota, que no pudieron asistir pero confirmaron su apoyo.
«Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal»
La reunión fue articulada por Liliana Montero desde el Ministerio de Desarrollo Humano, respondiendo al pedido de organizaciones como Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión).
La consigna del encuentro fue “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, considerando que la política de déficit cero sostenida por Milei elige ensañarse contra los sectores más vulnerables de la población, mientras que baja impuestos a los más ricos y destina desproporcionadas sumas a Seguridad o Inteligencia.
En relación al posicionamiento de Llaryora y sus funcionarios respecto al veto contra la ley de emergencia en discapacidad, la ministra Montero se expresó: “Esta convocatoria a los diputados nacionales tiene que ver con la posición que viene asumiendo el Gobierno de la provincia de Córdoba en relación al tema discapacidad y a la ley de emergencia. Todas estas instituciones vienen haciendo un trabajo importantísimo para hacer posible las políticas públicas”.
En la reunión, el gobernador Martín Llaryora ratificó la postura oficial y remarcó que el rechazo al veto por la emergencia en discapacidad tiene que trascender partidos políticos y ser una idea común para “ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”.
Llaryora destacó las políticas que impulsa el gobierno provincial: “Aún en esta circunstancia tan difícil, nosotros apoyamos con fondos específicos para potenciar proyectos enfocados en la independencia de personas con discapacidad en materia laboral”.
También destacó “éxitos en la integración educativa y en el trabajo”.
En esa línea, Montero habló sobre las políticas públicas cordobesas para con el sector: “La Provincia de Córdoba aporta al año 127 mil millones de pesos en discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio al que el gobernador hacía referencia, 5.300 millones en acción social desde Salud, unos 500 millones en deporte adaptado”, enumeró.
“Es decir, que la Provincia viene asumiendo un monto importante”, destacó, y señaló que resulta fundamental que el Gobierno Nacional no se desentienda de sus obligaciones para poder sostener el sistema.
«Esta ley no tiene impacto fiscal»
El legislador Carlos Gutiérrez dijo: “Solamente aquel que ha padecido en su cuerpo o espíritu la discapacidad, sabe de lo que habla. Vamos a seguir luchando por ello. No debemos retroceder en estas cosas”.
Carolina Armeloni, de Capredis, expresó: “Estamos ante dos caminos: ser un país que tiene políticas públicas que apuestan a las personas con discapacidad o no serlo, como el resto de Latinoamérica”. También señaló que “esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno Nacional debe presentar una propuesta superadora” y mirando a los ojos a los legisladores le preguntó abiertamente “de qué lado estarán, cómo quieren ser recordados”.
Por su parte, Federico Galíndez, de la Fundación Converger, recordó que la actualización de aranceles “implica para el Estado apenas el 0,01% del PBI, un número irrisorio frente a otros temas”. Graficando con distintos ejemplos de aumento de presupuesto en temas como Defensa o la baja de impuestos a sectores más acomodados, se preguntó por qué el déficit fiscal debería cargarse a la discapacidad.
Martín Passini, de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, señaló que “nos están tratando de entrampar con el discurso del equilibrio fiscal, con el discurso como si fuera solamente la discapacidad, el único rubro dentro del presupuesto nacional del cual depende el equilibrio fiscal”.
Passini destacó en el encuentro la diversidad de sectores representados y advirtió sobre la quita sistemática de derechos que afecta la posibilidad de las personas con discapacidad de llevar una vida digna.
Por ATI habló Julia Domínguez, que refirió que “no se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”.
Por último, la activista Gianna Mastrolinardo destacó la necesidad de “ponerle un freno a esta avanzada contra nuestros derechos y explicar a la sociedad nuestra situación”. “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”, concluyó.
