Firmaron un comunicado rechazando los cambios a la Ley de Glaciares, que abren la puerta a la explotación minera en nuestras reservas de agua dulce.
Diversas organizaciones y asambleas cordobesas firmaron un comunicado para expresar profunda preocupación y rechazo ante la inminente discusión que pretende modificar la Ley de Glaciares N.º 26.639 en el Congreso el jueves 26 de febrero.
Detrás de este proyecto están los intereses de empresas mineras con presencia en Argentina (y que ya ocasionaron desastres ambientales) como Barrick Gold y Shandong Gold. La modificación a la actual Ley de Glaciares preocupa en tanto habilita la explotación minera del área periglaciar, sometiendo a una zona ecológicamente indispensable y reservorio de agua dulce a la contaminación y su progresiva desaparición.
Las organizaciones firmantes expresaron que su rechazo a las modificaciones es en defensa del agua y los derechos humanos de la población argentina: «Esta norma es fundamental para la protección del ambiente glaciar y periglaciar -principal fuente y reserva de agua dulce de nuestra población-, los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales asumidas por el Estado argentino«.
Agua, biodiversidad, vida digna: todo lo que está en juego
Las asambleas y asociaciones cordobesas insisten en que rechazar la modificación de la Ley va mucho más allá de una cuestión técnica; es proteger «ecosistemas estratégicos que garantizan el acceso al agua, la biodiversidad y condiciones de vida dignas a millones de personas, así como los derechos de las generaciones presentes y futuras«.
En su texto, destacan el contexto de crisis y cambio climático, las leyes a contramano de este fenómeno que profundizan la depredación ambiental y la creciente persecución y violencia contra defensores del ambiente.
En ese sentido, reformar la Ley de Glaciares como lo propone el Gobierno Nacional «implica un grave riesgo ambiental, social y jurídico«.
«Cualquier intento de reducir, flexibilizar o fragmentar los niveles de protección alcanzados vulnera, entre otros, el principio de progresividad y el principio de no regresión, pilares del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos. Estos principios, reconocidos por el sistema interamericano y expresamente incorporados en el Acuerdo de Escazú, obligan al Estado a fortalecer (y no debilitar) los estándares de tutela ambiental existentes. Además, debilita el sistema de presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución Nacional, en un escenario ya marcado por sequías, incendios forestales y pérdida acelerada de biodiversidad«, sintetiza el comunicado.
Las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a las y los legisladores nacionales a «asumir su responsabilidad histórica en la defensa del agua y del interés público ambiental», rechazar la Ley de Glaciares y respetar el marco constitucional vigente.
«Convocamos a organizaciones de la sociedad civil, espacios académicos, comunidades, sindicatos y colectivos comprometidos con los derechos humanos y la justicia ambiental a sostener y fortalecer la vigencia de esta ley que protege el agua, la vida y el futuro».
Firman: Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Foro Ambiental Córdoba; Jóvenes por el Clima Córdoba; Somos Río; La Poderosa; Plurales; Mesa por el Agua y el Ambiente Alta Gracia, Natura Argentina, Fuera Porta, CISCSA, Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín, Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), Preservando el Parque de la Vida, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Asociación Civil Aguas del Río Yuspe, Autoconvocados en defensa del ambiente, Madres de Barrio Ituzaingo, Comunidad Tulian y Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de San Marcos Sierras.
