Así lo alertan desde el Cabildo Abierto de Traslasierra, organización de autoconvocados que tras años de investigación, lleva adelante acciones judiciales contra la explotación minera ilegal en territorios serranos.
El Cabildo Abierto de Traslasierra (CAT) denuncia que ninguna de las 7 minas registradas ante la Secretaría de Minería en la zona administrada por la Comunidad Regional del Departamento San Javier (entre las pedanías de Las Tapias y Villa de las Rosas), cuenta con habilitación para realizar operaciones mineras.
Las minas en cuestión son Diana Primera, San José, La Protectora, Las Tapias, San Telésforo, La Rosita y San José II. Desde CAT, afirman que las presentaciones judiciales realizadas contra estas irregularidades son producto de años de investigación y relevamiento de las actividades de las explotaciones mineras en la zona.
«Se ha verificado que la actividad minera no autorizada excede los límites legales de la mina «Las Tapias» mediante la existencia de un túnel que sobrepasa el perímetro concesionado; y la detección de labores mineras en la mina «La Rosita», contigua al predio actualmente clausurado. Confirmado por Secretaría de Minería. La misma situación se señala para la mina “La Protectora”, pero aún sin reconocimiento oficial», señalan desde CAT.
Asimismo, el Cabildo alerta: «Debido a la reiterada violación de la clausura vigente, hemos procedido a ampliar las denuncias judiciales y administrativas originales, sumando nuevas pruebas sobre el incumplimiento de las medidas administrativas de policía ambiental y Secretaría de Minería».
La organización del Cabildo Abierto de Traslasierra enfatiza su carácter horizontal, soberano y apartidario, y declaran: «Nuestro trabajo se fundamenta en el estudio riguroso y la recopilación sistemática de información. Nuestra intervención en el caso de la mina no es fortuita ni espontánea; es el resultado de años de investigación que nos permitieron ser la primera voz en alertar a la sociedad. Somos una organización autoconvocada que ha respaldado sus denuncias con los únicos informes técnicos y documentales presentados socialmente hasta la fecha. Este proceso, con incidencia pública desde el 6 de noviembre de 2025, es el fruto de una labor previa ardua y sostenida».
