La Justicia pidió que se adecúe constitucionalmente el protocolo antipiquete
El juez federal Sebastián Casanello había intimado al Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich para determinar si el protocolo es o no anticonstitucional. Ante la respuesta a lo requerido, pidió a la cartera que “adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites constitucionales”. El juez federal Sebastián Casanello pidió al Ministerio de Seguridad […]
Por Ramiro Quintanilla | 02/07/2024
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El juez federal Sebastián Casanello había intimado al Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich para determinar si el protocolo es o no anticonstitucional. Ante la respuesta a lo requerido, pidió a la cartera que “adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites constitucionales”.
El juez federal Sebastián Casanello pidió al Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich que adecúe constitucionalmente el protocolo antipiquete.
El magistrado había dado lugar a un pedido de inconstitucionalidad presentado por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado. Por este motivo, solicitó a la cartera de Seguridad que informe sobre la elaboración y aplicación del protocolo antipiquete para determinar si es o no anticonstitucional.
“El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en la cual se encuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales”, indicó Casanello, confirmando la recepción de la respuesta de la cartera a cargo de Bullrich.
Ante distintos motivos aludidos, el juez federal pidió que se adecúe constitucionalmente el protocolo antipiquete. En efecto, solicitó al Ministerio que “adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y que se “instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales”.
En el informe, Casanello señala que sobre la adecuación del Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, “se hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos”.
A su vez, advirtió que: “frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”. Pero aclaró que “la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda” de la legisladora Fierro que pretendía que se declare inconstitucional el protocolo antipiquete.
Asimismo, destacó que “la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar -y, particularmente, criticar- a las autoridades”.
“Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución merecen especial protección”, afirmó Casanello.
Por último, el juez cito a la audiencia de habeas corpus para que comparezcan ante su juzgado un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, para el día 14 de febrero a las 11.
