El joven de 19 años murió tras ser hallado ahorcado en una comisaría de Córdoba. Mientras los informes preliminares descartan golpes, la familia denuncia violencia policial y apunta a irregularidades en la detención y el alojamiento. La investigación avanza sin imputados y bajo secreto de sumario.
Tomás Orihuela, de 19 años, murió luego de haber sido encontrado ahorcado en una celda de la comisaría 6ª de Córdoba Capital. De acuerdo a los primeros informes forenses, la causa de muerte fue una “encefalopatía hipóxica debido a asfixia mecánica por ahorcadura”, sin signos de golpes en el cuerpo.
El caso está ahora en manos del fiscal Andrés Godoy, quien espera los resultados finales de la autopsia y estudios complementarios, al tiempo que intenta reconstruir una secuencia plagada de interrogantes: por qué el joven estaba detenido, por qué fue alojado en una dependencia policial y qué ocurrió en las horas previas a su muerte.
La versión oficial sostiene que Orihuela intentó quitarse la vida utilizando un buzo dentro de la celda donde se encontraba solo. Sin embargo, la familia denuncia que el joven murió en manos de la Policía, ya sea por acción directa o por omisión en su deber de cuidado.
La abogada de la familia, Marta Rizzotti, fue más allá y planteó la necesidad de investigar si existió instigación al suicidio. También cuestionó la legalidad de la detención y habló de una posible “privación ilegítima de la libertad”. En esa línea, reclamó el análisis exhaustivo de los celulares del personal policial involucrado.
Detenciones irregulares
Orihuela había recuperado la libertad recientemente tras cumplir una condena por asociación ilícita en la cárcel de Bouwer. Sin embargo, el fin de semana previo a su muerte fue detenido dos veces en pocas horas. Según la Policía, ambas detenciones respondieron a pedidos de captura que figuraban como activos en el sistema, aunque ya estaban sin efecto.
Este punto es central en la investigación: por qué esas órdenes seguían vigentes en los registros y por qué no se actualizó la información. Para la familia, no existían motivos legales para volver a detenerlo.
A esto se suma otra irregularidad: el presunto extravío de documentos clave. Según la defensa, el oficio de libertad y un documento judicial que obligaba al joven a presentarse ante el Patronato del Liberado habrían quedado guardados bajo llave en una dependencia policial. Ahora, la fiscalía deberá determinar por qué esos papeles no estaban en poder de Orihuela al momento de su detención y qué falló en la cadena administrativa.
Qué pasó con Tomás
El joven fue trasladado a una dependencia ubicada sobre avenida 24 de Septiembre, un espacio que en los últimos años ha sido señalado por episodios graves vinculados al accionar policial. Allí, en la noche del sábado 25 de abril, fue encontrado ahorcado en su celda. Tras ser reanimado, fue derivado al Hospital Eva Perón, donde murió el lunes 27.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal dispuso la intervención de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO), un cuerpo de la Policía Judicial, con el objetivo de garantizar una pesquisa independiente de la fuerza provincial. Aun así, personal de Homicidios de la Policía también colabora en la causa.
Entre las medidas ya tomadas, se encuentran el secuestro de celulares del personal policial, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. Por el momento, no hay imputados ni detenidos.
La causa estuvo inicialmente a cargo de la fiscal Silvana Fernández, quien decidió apartarse horas después al conocerse que personal bajo su órbita podía quedar involucrado en la investigación.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, aseguró que “no hay impunidad para nadie” y que, si se comprueba responsabilidad policial, “no se va a tapar”. También reconoció fallas en la actualización de los pedidos de captura que derivaron en las detenciones.
La investigación recién comienza, pero el caso ya expone una trama compleja donde se cruzan errores administrativos, prácticas policiales cuestionadas y la persistente problemática de la violencia institucional en contextos de encierro. La respuesta a qué pasó con Tomás Orihuela sigue abierta.
