Un fallo judicial suspendió la aplicación de 80 artículos de la reciente reforma laboral aprobada en el Congreso. La decisión, que responde a una cautelar presentada por la CGT, advierte sobre posibles violaciones a derechos constitucionales y marca un nuevo revés para el Gobierno nacional.
La avanzada del Gobierno de Javier Milei en materia laboral encontró un límite en los tribunales. Este lunes 30 de marzo, la Justicia nacional del Trabajo resolvió suspender la aplicación de 80 artículos de la reforma recientemente sancionada, al considerar que podrían vulnerar garantías constitucionales básicas.
El fallo fue dictado por el juez Raúl Horacio Ojea, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo. En su resolución, el magistrado advirtió que la implementación de varios puntos de la ley podría generar un “perjuicio inminente” para las y los trabajadores.
Entre los aspectos cuestionados aparecen herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral y la posibilidad de avanzar en la deshomologación de convenios colectivos. Según el juzgado, la puesta en marcha de estos mecanismos podría ocasionar daños de difícil o imposible reparación si, en una instancia posterior, la norma fuera declarada inconstitucional.
La decisión judicial pone en evidencia no solo la fragilidad jurídica de la reforma, sino también el carácter controversial de un paquete legislativo que el oficialismo impulsó con celeridad y sin amplios consensos. Desde distintos sectores sindicales y del ámbito jurídico ya se venía alertando sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos, en particular aquellos que afectan derechos laborales adquiridos.
El fallo representa un golpe político para la Casa Rosada, que había presentado la reforma como uno de los pilares de su programa económico. Con esta resolución, el proceso queda ahora sujeto a un análisis más profundo en sede judicial, mientras crecen los cuestionamientos a una estrategia gubernamental que avanza sobre derechos consagrados por la Constitución bajo el argumento de la desregulación.
Por lo pronto, los artículos suspendidos no podrán aplicarse, en un escenario que abre un nuevo capítulo de disputa entre el Ejecutivo, el movimiento sindical y el Poder Judicial.
