Organizaciones sociales y sindicales lo pidieron en una cautelar. La Justicia observará la marcha y recolectará pruebas si hay exceso del uso de la fuerza.
La Justicia Federal monitoreará la próxima marcha por los jubilados por una medida cautelar que presentaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina.
La medida cautelar se presentó por la brutal represión del 12 de marzo, en la cual la Justicia determinó que «no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país«
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 ordenó que la Justicia debe observar presencialmente la manifestación que tendrá lugar el miércoles 19 en el Congreso por la situación de los jubilados.
La observación es para monitorear el empleo del Protocolo Antipiquetes e incorporar de oficio pruebas del exceso de uso de la fuerza que sirvan para resolver el planteo de inconstitucionalidad presentado por SiPreBa y el CELS.
¿Por qué se presentó la medida cautelar?
La cautelar se debe a la violenta represión del pasado miércoles, en donde a la habitual marcha de los jubilados que se repite todas las semanas se sumó más convocatoria y se desató un salvaje operativo policial.
Los propios manifestantes y fotorreporteros grabaron numerosos hechos de violencia institucional, golpes a ancianos, detenciones arbitrarias, dos niños detenidos al salir de la escuela y el caso más grave, el disparo al fotógrafo Pablo Grillo.
Según la directora del CELS, Paula Litvachky, el fallo «genera otras garantías para quienes decidan manifestarse» y da lugar a las denuncias sobre el uso del Protocolo Antipiquetes que «es contrario a la Constitución, a las leyes y que tuvo como objetivo impedir la protesta».
El juez Martín Cormick rechazó la anulación del Protocolo pero dictaminó que su tribunal «observará presencialmente con suma atención» la marcha. Según Cormick «los desgraciados hechos sucedidos el 12 de marzo» no son ajenos a la discusión de la constitucionalidad.
Tanto el CELS como el SiPreBa solicitaron se proteja a las personas que ejercen el trabajo periodístico y difunden lo que ocurre en las manifestaciones.
También pidieron que la Justicia le ordene al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, «respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta».
